Zaragoza refuerza los servicios sociales con quince profesionales
También se ha aprobado la convocatoria de ayudas al pago de vivienda para víctimas de violencia de género con 160.000 euros.
Los servicios sociales municipales van a reforzar su plantilla con quince nuevas incorporaciones, a través del nuevo Plan Especial de Empleo que este jueves ha aprobado el Gobierno de Zaragoza. El consejero de Acción Social y Familia, Ángel Lorén, ha explicado que las contrataciones tendrán una duración de tres años, el máximo legal, y tendrán como objetivo la dotación de personal para hacer frente a la creciente demanda de prestaciones sociales, como consecuencia de la crisis económica general y de otras circunstancias, como la llegada de familias ucranianas.
Serán, en concreto, cuatro trabajadoras sociales, cuatro psicólogas, cuatro educadores, una enfermera y dos auxiliares para la residencia municipal Casa Amparo. Con este refuerzo de plantilla, el Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por garantizar una atención de calidad en sus servicios sociales, que están notando una mayor carga de trabajo ante el contexto de subida de la inflación y de los consumos energéticos.
Esta situación se está notando, por ejemplo, en las solicitudes de ayudas de urgencia, que en los primeros cinco meses de 2022 se han incrementado un 5% respecto al año anterior, pasando de 19.049 a 19.989.
En cuanto a la crisis de refugiados derivada de la invasión rusa a Ucrania, se estima que Zaragoza acogerá a unas 2.000 personas, de las cuales la mitad necesitarán un plan de inclusión durante los próximos años.
Además, una parte del Plan de Empleo se dirigirá a los servicios sociales especializados, para seguir desarrollando el Plan de Primera Oportunidad para personas sin hogar, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza está siendo una referencia nacional.
Ayudas a la vivienda para víctimas de violencia de género
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado también la convocatoria de ayudas para el pago de la vivienda a mujeres víctimas de violencia de género con un importe de 160.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros respecto al año pasado, cuando se lanzaron por primera vez y de la que se beneficiaron un total de 32 mujeres.
Mediante esta convocatoria, el Ayuntamiento financia parte de la renta del alquiler y de la cuota hipotecaria de las arrendatarias o propietarias, que tengan reconocida la condición de víctima de violencia de género, facilitando así un alojamiento independiente en la ciudad y fomentando su autonomía para que puedan empezar una nueva vida "lejos de su agresor", ha explicado la concejal de Igualdad, María Antoñanzas.
Algunas novedades respecto al curso pasado es que no será necesario poseer una residencia con una antigüedad mínima de 6 meses, sino que será suficiente justificar ser titular de un crédito hipotecario o arrendataria de una vivienda que sea la residencia habitual. Además se ha pasado de 1.500 a 2.000 euros el importe de la ayuda, que se hará en un pago único.
Por otro lado, al igual que el año pasado podrán acceder a estas ayudas las mujeres en una situación económica complicada, que justifiquen unos ingresos superiores al 0,7 del Iprem (405,31 euros) e inferiores a 2,5 veces el Iprem (1,477,55 euros).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 30 de septiembre de 2022, y podrá hacerse en el registro general, de forma presencial o telemática. Para agilizar el pago, las solicitudes se tramitarán y resolverán por orden de presentación.
Para Antoñanzas esta medida responde a una de los planteamientos recogidos en el Programa de Atención Integral a la Violencia de Género, que apunta la necesidad de incorporar unas nuevas líneas de apoyo a las mujeres víctimas que sin requerir alternativa habitacional, como puede ser la Casa de acogida, sí precisan ayuda para mantener una vivienda debido a la "vulnerabilidad económica en la que se quedan tras la ruptura de una relación violenta".
Adhesión a la Alianza Pobreza Infantil Cero
El Gobierno de Zaragoza ha aprobado también la adhesión de la ciudad a la Alianza País Pobreza Infantil Cero, una iniciativa estatal del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. El objetivo es participar en la creación de sinergias entre administraciones, agentes económicos y Tercer Sector para enfrentar conjuntamente los retos en esta materia, siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos de la Agenda 2030.
Infraestructuras digitales y ciberseguridad
Dentro del Marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea, el Gobierno PP-Cs ha aprobado la apertura del procedimiento para la Renovación de Infraestructuras Digitales del Consistorio por valor de 1 millón de euros.
El objetivo del mismo es la mejora de la eficiencia energética y la calidad medioambiental, además de un incremento del rendimiento y la disponibilidad del entorno físico digital. La renovación se divide en distintos lotes que tienen que ver con los servidores, la red de almacenamiento, red de comunicaciones y el almacenamiento de ficheros conectados a la nube.
Así, la renovación de infraestructuras, vinculada a los servidores donde se acumula la información, permitirá simplificar la gestión del entorno, descartar elementos obsoletos, aumento de la capacidad y de la eficiencia de los contenedores de información. En cuanto a la renovación de la red, con su modernización se favorecerá la interconexión de dispositivos de almacenamiento, y en la renovación de datos, con el pliego se busca modernizar la red y el nodo de distribución del Centro de Control de Emergencias.
Por último, el cuarto lote, la renovación de almacenamiento, incluida la ampliación de cintas, tiene como objetivo, el suministro de los elementos necesarios para actualizar los equipos para garantizar la continuidad del servicio en todo momento.
Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato del servicio para la Oficina Técnica para el Gobierno de Ciberseguridad con un presupuesto de 510.317 euros.
