Ayuntamiento de Zaragoza
La oposición exige el cese del gerente de Zaragoza Vivienda tras la denuncia de una trabajadora por acoso laboral
El gobierno PP-Cs defiende la presunción de inocencia y acusa a la izquierda de buscar rédito político con el caso.
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la capital aragonesa han exigido este miércoles el cese inmediato del gerente de Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, tras la denuncia presentada en el juzgado por parte de una trabajadora de la sociedad municipal por presunto acoso laboral. Los concejales Horacio Royo (PSOE), Pedro Santisteve (ZEC) y Fernando Rivarés (Podemos) han alertado de la “gravedad” de esta demanda, presentada el pasado 4 de marzo, y han acusado al gobierno PP-Cs de ocultarla, mientras que la edil del área, Carolina Andreu, les ha recriminado que buscan un rédito político y ha pedido respetar la presunción de inocencia.
En la demanda, presentada en el Juzgado de lo Social de Zaragoza, la trabajadora acusa al gerente de acoso laboral al vulnerar derechos fundamentales como el del trato igual, la integridad física o moral, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En concreto, se refiere a gritos, daño sistemático de su dignidad y daños morales en su relación diaria y desprestigio que se vieron reflejados en su propia salud.
La demandante aporta un informe médico que refleja un “estado de ansiedad y de ánimo depresivo”, así como “crisis de identidad”, entre otros afecciones. Por todo ello, la trabajadora pide que “se declare la nulidad radical de la actuación” del gerente, “se acuerde y ordene el cese inmediato de las actuaciones contrarias a derechos fundamentales” y se le repare con una indemnización de 90.000 euros, entre otras solicitudes.
“Hay que respetar la presunción de inocencia, pero este caso supone un daño tremendo a la sociedad y al Ayuntamiento”, ha señalado Royo para justificar la petición de cese del cargo directivo. “La situación es gravísima, el gerente no puede seguir al frente bajo estas acusaciones”, ha remarcado.
Por su parte, Santisteve ha desvelado un acta de la asamblea de trabajadores de Zaragoza Vivienda celebrada el pasado 2 de marzo para acordar las medidas a adoptar ante el presunto caso de acoso en la sociedad y por el “gran malestar en la plantilla” generado por la forma de actuar de la gerencia. Según el documento, el ahora demandado se personó en la reunión con la intención de asistir, y se negó a abandonar la sala pese que los representantes del comité de empresa le advirtieron de que su presencia intimidaba a los empleados. “Se ve el clima insostenible que venimos denunciando desde hace tiempo”, ha apuntado el portavoz de ZEC.
Desde Podemos, Fernando Rivarés ha ido más allá y ha acusado al gerente de “machista”, ya que una de las quejas de la trabajadora es que, según su versión, el cargo directivo se habría negado a implementar un plan de igualdad en la sociedad, tal y como exige la ley.
Consejo extraordinario
El caso se abordará mañana en un consejo de administración extraordinario de la sociedad solicitado por la oposición, que exigirá allí el cese del gerente. Además, los representantes de PSOE, ZEC y Podemos pedirán explicaciones al gobierno PP-Cs por no haber informado de la denuncia pese a que, a su juicio, podría comprometerles personalmente como miembros de Zaragoza Vivienda.
En cambio, la concejal de Vivienda, Carolina Andreu, ha negado que el gobierno municipal conociera la existencia de la demanda. Además, ha señalado que según un informe jurídico del Consistorio, “no hay nexo casual entre la responsabilidad subsidiaria que se reclama a la sociedad y la actuación de los consejeros”.
Andreu ha recordado que se trata de un “proceso abierto” en el que “hay que respetar la presunción de inocencia” y ha acusado a la oposición de difundir información personal y confidencial del caso. La edil del PP ha lamentado la “utilización política” que a su juicio se está haciendo de la demanda. “Algunos de estos partidos cuentan en sus filas con políticos imputados por delitos muy graves que no han dimitido”, ha contraatacado.
La concejal, en cambio, no ha querido pronunciarse las consecuencias del caso en el seno de la plantilla de Zaragoza Vivienda y en el ambiente laboral. “Es un caso particular, no voy a valorar nada más”, ha indicado. Respecto al plan de igualdad, ha dicho que “se está trabajando, es obligatorio por ley”.
