El Consistorio de Calatayud da un mes para que la contratista de la harinera recurra la multa
El Ayuntamiento espera que la Unión Temporal de Empresas retome o plantee alternativas para acabar las obras
La rehabilitación de la harinera La Merced de Calatayud, que comenzó en enero de 2019 y cuya finalización se estimaba en enero de 2020 con un presupuesto de 1,6 millones, sigue paralizada desde septiembre del año pasado, después de que en octubre el Ayuntamiento incoase a la contratista, la UTE (Unión Temporal de Empresas), un expediente en el que planteaba imponer una multa de 337.080 euros por la demora en la ejecución de los trabajos. En el documento se requería su "inmediata reanudación" y se estimaba un plazo de ejecución de seis meses. La empresa presentó alegaciones y ayer el Consistorio comunicó su desestimación y la concesión de un mes para presentar un recurso de reposición contra la decisión.
"En octubre se inició el procedimiento por la demora y el abandono de la obra. Se ha dado tiempo a aportar alegaciones que justifiquen el retraso, pero en ellas no se aportan datos objetivos (que lo respalden)", explicó ayer el concejal de Urbanismo, José Manuel Gimeno. La empresa declinó hacer declaraciones al respecto del proceso. Asimismo, el edil puntualizó que tras casi cuatro meses "se le vuelve a exigir que retomen la obra" y reconoció que "si no se hace, el Ayuntamiento tendrá que tomar otras medidas para la reactivación". Añadió que, "de forma complementaria y paralela", se está "esperando respuesta del contratista por si hay alguna solución o alternativa a la continuidad de esas obras", entre las que se contempla la cesión de lo que resta de ejecución a otra empresa.
De igual forma, Gimeno también señaló un "tercer trámite" en curso respecto a otro de los escollos de esta intervención: las obras ejecutadas y no contempladas en el proyecto original que, según el Consistorio, desencadenaron el cese de la anterior dirección facultativa, decisión recurrida por el propio arquitecto y a la espera de resolución judicial. Respecto a las obras ya hechas, "se ha validado que se pueden poner en uso, que se van a utilizar, pero no se pueden certificar en términos normales". Se refiere, entre otras, a la modificación del sistema de pilotaje: "El Ayuntamiento tiene que reconocer que se ha hecho esa intervención y pagarla, pero no puede hacerse con el procedimiento habitual", detalló.
Desde el PSOE, la concejal Yolanda Júlvez explicó que ante la imposición de esa multa, que pasó por Comisión de Urbanismo, su grupo optó por la abstención. «Queremos esperar a que la empresa responda», dijo.
