El comisionado de despoblación anuncia bonificaciones fiscales para los pueblos más castigados
Hacienda prepara un paquete de medidas que se incluirá en la ley de dinamización rural y se presentará en un mes
El comisionado aragonés para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allué, ha anunciado este lunes un paquete de bonificaciones fiscales para los residentes en los pueblos más castigados.
La propuesta se incluirá en el proyecto de ley de dinamización del medio rural que el Consejo de Gobierno prevé aprobar en un mes, o como mucho en dos, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y consolidar los servicios básicos.
En una comparecencia en las Cortes de Aragón, a solicitud de Ciudadanos, ha dado cuenta del estado de tramitación de la normativa y desveló que la Dirección General de Tributos trabaja en una propuesta fiscal que, a su juicio, debería llegar a los 196 municipios en riesgo extremo de despoblación.
Allué indicó a este diario que esta discriminación positiva ya se aplica con las bonificaciones por alquiler de vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes o las deducciones al tener hijos a las familias que viven en localidades de hasta 10.000 residentes.
El comisionado ha indicado que en la propuesta podría incluirse el tramo autonómico del IRPF o los impuestos sobre los que hay competencia, como Sucesiones o Patrimonio, aunque ha subrayado que el alcance de este régimen fiscal diferenciado lo concretará la Consejería de Hacienda. "Hay que tener un gesto con las personas que demuestran coraje al vivir en municipios en los que es difícil llegar con todos los servicios", aseveró.
Javier Allué ha defendido que la mejora política contra la despoblación es "generar oportunidades en el medio rural", objetivo prioritario de la nueva ley que está pendiente del preceptivo informe de los servicios jurídicos tras pasar la fase de participación pública.
En este sentido, ha resaltado la labor del cuatripartito para consolidar los servicios básicos e impulsar las políticas de empleo, emprendimiento y oportunidades en el medio rural, así como la apuesta por los sectores estratégicos y los avances en la conectividad.
"En 2015 solo había 50 municipios con internet y ahora el 85% de la población tiene 100 megas y la intención es llegar al 100% el próximo año", dijo. Su mensaje optimista lo respaldó con los últimos datos del padrón, de 2020, que demuestran que todas las comarcas están en crecimiento demográfico, salvo Bajo Cinca y Cinca Medio, "con pérdidas testimoniales tras siete años ganando población".
El comisionado ha apuntado que las provincias y el medio rural compensan con creces la pérdida de vecinos en las tres capitales (6.576 en Zaragoza, 527 en Huesca y 246 en Teruel). Para ello, ha detallado que 450 localidades ganaron habitantes en 2020, que suponen el 70% de las de Huesca, el 61% de las de Zaragoza y el 57% de las de Teruel.
"Se ha frenado la sangría demográfica de Teruel en los dos últimos años y cinco de sus comarcas, las de Gúdar-Javalambre, Matarraña, Maestrazgo, Bajo Martín y Sierra de Albarracín, crecen por primera vez", ha destacado.
El diputado de Cs Ramiro Domínguez ha reconocido la dificultad de revertir la despoblación, pero ha abogado en todo caso por garantizar los servicios necesarios incluso en aquellos en los que este fenómeno es irreversible.
El popular Fernando Ledesma ha lamentado que muchas de las actuaciones de la DGA son "una foto y en el fondo no hay nada". Ha abogado por resolver la cuestión de la financiación desde la base de atener el coste real de los servicios en el territorio.
Por parte de Vox, David Arranz ha señalado que el problema es complejo y no puede atajarse con "soluciones sencillas", ha defendido la solidaridad entre autonomías y ha alertado del auge de los "cantonalismo". Y Álvaro Sanz (IU) ha lamentado que se hablara poco en la comisión de la ley para centrarse en casuísticas, pero no dejó de reclamar "coherencia política" en las actuaciones de la DGA.
Mientras tanto, los representantes de los partidos del cuatripartito, Darío Villagrasa (PSOE), Itxaso Cabrera (Podemos), Carmen Martínez (CHA) y Jesús Guerrero (PAR), han indicado que no hay soluciones fáciles y que el problema se arrastra desde hace décadas y reiteraron su apuesta por "políticas firmes y valientes" para el medio rural.
