El gobierno PP-Cs, con el apoyo de Vox, aprobó este martes de forma definitiva las ordenanzas fiscales que regirán en Zaragoza el próximo año y que, entre otras novedades, contemplan una rebaja del 1,85% del tipo impositivo del IBI hasta quedar en el 0,4047. Con esta medida, que deja el terreno preparado para llegar en 2023 al mínimo legal (0,4), más de 521.000 vecinos verán reducido su recibo. Según los cálculos del Consistorio, supondrá una merma de 1,5 millones de euros para las arcas municipales. Al menos, en teoría, porque tal y como denunció ayer la oposición, la capital cerrará este ejercicio con 7 millones más de ingresos respecto a lo previsto para este tributo.

Desde el gobierno PP-Cs destacaron que, con la rebaja del IBI aprobada, Zaragoza deja el tipo más bajo de entre las grandes ciudades del país. Además, el Consistorio seguirá bonificando este impuesto a las familias numerosas –un 60% para las de categoría general y un 70% a las de especial– y rebajará el recibo, entre un 25% y un 95%, a los locales destinados a uso comercial (de tipo general) que se vean afectados por obras en la vía pública.

También se amplían las bonificaciones por la instalación de sistemas de energía renovable, mientras que la tarifa del agua bajará para las familias con rentas inferiores a 24.000 euros.

Además, el Ayuntamiento contará con un plan fiscal de atracción de inversiones, que bonificará impuestos a las empresas que se instalen en la ciudad con, al menos, 10 trabajadores y a las ya presentes que amplíen su actividad con incremento de plantilla con contrato indefinido.

Por otro lado, la comisión de Hacienda también dio luz verde a la modificación de algunos precios públicos para 2022. En concreto, se aprobó la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para las familias con una renta mensual por persona que no supere los 314 euros.

Además, se eliminará el recargo del 50% para personas no empadronadas en la capital aragonesa que hacen uso de las escuelas infantiles, las enseñanzas artísticas, la Universidad Popular o las piscinas municipales. Esta medida fue criticada por la oposición –en especial por el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés–, que advirtió de que no fomenta el empadronamiento. Desde el gobierno defendieron que se da respuesta a una solicitud del Justicia de Aragón para cumplir el principio de igualdad fiscal.

Más ingresos

No fue el único cruce de acusaciones de la sesión. El concejal de ZEC Alberto Cubero recordó que el Ayuntamiento ha cerrado 2021 con 7 millones más de ingresos por IBI de lo previsto, de 158 millones iniciales a 165. Asimismo, advirtió de incrementos de recaudación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de más de 3 millones, y de un 50% más por multas de tráfico, hasta los 15 millones.

La concejal de Hacienda, María Navarro, explicó que la previsión de ingresos del IBI es previa a los valores que fija el Catastro, por lo que, dijo, suele variar respecto de la recaudación final. En cuanto a las multas, aseguró que el incremento no se debe a que se estén imponiendo más sanciones (pese a que las de radar crecieron un 147% el año pasado), sino a un plan municipal puesto en marcha para cobrar a los conductores de otras ciudades que hasta ahora no abonaban sus infracciones.

Finalmente, Navarro explicó, tras pregunta de Vox, que Zaragoza y otras grandes ciudades han formado un grupo para analizar el impacto de la nueva plusvalía con el objetivo de reclamar al Gobierno central un fondo de compensación.