Unanimidad en Calatayud para regular la inspección técnica de edificios en la ciudad
El Pleno dio luz verde a la aprobación inicial de la ordenanza con la que se busca una mayor implicación en la conservación de los inmueble.
El pleno del Ayuntamiento de Calatayud aprobó ayer de forma inicial la nueva ordenanza municipal reguladora de la inspección técnica de edificios. Este punto de orden del día, que nace de una moción que presentó el PSOE en mayo de 2020, recibió el apoyo unánime del resto de grupos con representación en el Consistorio. "Es obligación de los propietarios mantener las condiciones de seguridad, ornato y decoro y para ello las administraciones contamos con algunos instrumentos que no siempre funcionan en los plazos y dan los resultados que quisiéramos", reconocía el edil de Urbanismo, José Manuel Gimeno.
Así, reconoció que esta nueva normativa es "un complemento" a las herramientas ya existentes y que servirá para fomentar y garantizar la conservación y se podrá impulsar cuando haya signos de deterioro. En ella se fijan que los informes tendrán que contar con estudio de, por ejemplo, estructura y cimentación, fachadas, cubiertas, bodegas, terrazas o las instalaciones de luz y agua. En caso de que el control arroje un resultado desfavorable, también se harán constar medidas para subsanar los problemas, a la vez que se establece un registro, documentación a presentar y sanciones
De igual forma, Gimeno valoró "el trabajo enriquecedor, especialmente del PSOE, y que ya ha sido consultado con el consejo sectorial del casco antiguo. Desde el PAR, Ana Ballano, recordó que "las administraciones tienen que llevar un control para hacer cumplir las obligaciones" y recordó que esta herramienta puede servir para "paliar" la situación de los edificios "más antiguos". En el PSOE, Yolanda Júlvez remarcó el carácter de "necesaria" de esta ordenanza por el estado actual del casco antiguo de la ciudad.
También abogó por que el Consistorio sirva de "asesor" a los ciudadanos a la hora de solicitar ayudas a la rehabilitación y valoró que se reconozca el trabajo de aquellos propietarios que han apostado por conservar los edificios. Gimeno, por su parte, adelantó que se está trabajando con el Gobierno de Aragón en una segunda fase del plan ARRU para la rehabilitación de al menos 25 inmuebles y con una inversión que rondará los 400.000 euros y que tienen previsto reuniones con administradores de fincas, comunidades de propietarios, otros grupos y entidades, a lo que Júlvez pidió añadir a los propietarios de viviendas unifamiliares.
En la misma sesión, también por unanimidad, se dio aprobó la nueva ordenanza de terrazas. Por mayoría salieron adelante la revisión de precios del contrato energético, por 41.000 euros, y, con la abstención de Vox, se dio luz verde a la aprobación del Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento. No recabó los apoyos suficientes la moción del PSOE para que el Consistorio se adhiriera a la llamada declaración de Glasgow para la acción climática en el turismo.
