tribunales en zaragoza
Dos funcionarias, madre e hija, admiten que espiaron los datos de su exyerno y excuñado en Zaragoza
La Audiencia las condena a multas y prisión, aunque no entrarán en la cárcel, e informará favorablemente para que sean indultadas y no pierdan su trabajo.
Mercedes A. y Cristina C., madre e hija, han sido juzgadas este jueves en la Audiencia Provincial de Zaragoza y han reconocido que accedieron ilegalmente a los historiales clínicos y económicos del que había sido pareja de su otra hija y hermana, respectivamente.
Según las acusaciones, las dos se valieron de sus puestos de trabajo en el Salud y en la Tesorería de la Seguridad Social para espiar información que, pensaban, podría ser útil a la hora de influir en una fijación de medidas judiciales respecto al régimen de visitas que debía acordarse sobre la hija en común que tiene el perjudicado y la familiar de las encausadas.
El padre de la niña se dio cuenta de que algo ocurría y presentó una denuncia contra su expareja. El grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional investigó los hechos y averiguó que en 2018 Cristina C. había accedido a la historia clínica del interesado y que Mercedes A. había indagado en su historial de afiliación a la Seguridad Social, sus prestaciones sociales y el histórico de bases de cotización.
Para la Fiscalía no quedó acreditado que los datos recopilados por las acusadas hubiesen causado daño psicológico al denunciante o dos de sus familiares, cuyos datos también consultaron, más allá del quebranto que supone que su información privada sea consultada por personas ajenas y no autorizadas. Tampoco creyó, como mantienen las defensas, a cargo de Esteban Torrijos y Cristina Piazuelo, que llegaran a influir realmente en la medida judicial que se debía adoptar.
Aún así, el Ministerio Público solicitaba una condena de cuatro años de prisión para Mercedes A. y otra de dos años y medio para Cristina C. por delitos de revelación de secretos y contra la libertad informática.
Este viernes, tras llegar a un acuerdo con la fiscal y la letrada de la acusación particular, María José Romero, y las defensas, las imputadas aceptaron penas mucho más reducidas, ya que se les ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño, al haber indemnizado al denunciante.
En concreto, a Mercedes A. se le impondrán dos años de cárcel y una multa de 12 meses, a 4 euros diarios (1.440 euros), mientras que Cristina C. se conformó con un año de cárcel y una multa similar. No obstante, ninguna de las dos entrará en prisión puesto que el tribunal tiene intención, como ya adelantó, de suspender la ejecución de la sentencia, si no tienen antecedentes, como así es, según las defensas.
Además, a ambas se les condena a seis años de inhabilitación absoluta para ejercer su trabajo, aunque tanto la Fiscalía como el presidente de la Sección Tercera, el magistrado José Ruiz Ramo, anunciaron que informarán favorablemente a la petición de indulto que sus abogados defensores tienen intención de presentar respecto a la imposibilidad de volver a su empleo.
Los dos letrados destacaron tras la vista oral que sus clientes "cometieron un error sin ser conscientes de lo que estaban haciendo” y de las consecuencias de sus actos. Consideran que el Código Penal castiga con una "exagerada punibilidad” estos comportamientos cuando, destacaron, los datos obtenidos ilegalmente no se utilizaron ni causaron daños.
