Dos funcionarias de Zaragoza, madre e hija, se enfrentan a 6 años de cárcel por revelar datos personales
Habrían recabado información del exmarido de otra familiar. Cometieron los supuestos delitos en el Servet y en la DGA.
Las diferencias de una pareja divorciada sobre el régimen de visitas de la única hija que tienen en común habrían servido de acicate para que dos funcionarias, madre y hermana de la mujer, revisaran presuntamente y de forma repetida los historiales clínicos y sociales del varón y su familia. Una práctica delictiva y por la que el Ministerio Fiscal solicita penas de dos años y medio de cárcel para Cristina C., excuñada del denunciante, y hasta cuatro años para María Mercedes A., exsuegra de este. Les imputa dos delitos: revelación de secretos y contra la libertad informática. Estos habrían sido cometidos durante sus jornadas laborales en el hospital Miguel Servet y en la DGA, respectivamente.
El varón se percató de que algo extraño ocurría cuando, en una contestación a su petición de ampliación de las visitas a la pequeña, se topó con información personal sobre su padre que, según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, "él mismo desconocía".
Fue entonces, el 20 de mayo de 2019, cuando el padre de la niña presentó denuncia contra su expareja al entender que esos datos se habían recabado de manera ilegal. Esta denuncia fue posteriormente ampliada al entender que estos accesos habrían alcanzado también los informes de su madre y de su padrastro, siempre, presuntamente, con el ánimo de menoscabar la imagen de su entorno familiar.
El grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional emitió un informe meses más tarde. En él se destaca que hacia las 10.00 del 15 de marzo de 2018 se accedió a la historia clínica del interesado, mayor de edad con un margen de años suficiente como para que Cristina C., entonces enfermera en el área de cirugía pediátrica, pudiese justificar sus presuntas visitas informáticas. La encausada inspeccionó los datos demográficos, el listado de informes de urgencia, los episodios que habría podido experimentar, resultados del laboratorio de bioquímica y hematología y un listado de estudios de microbiología. El objeto de consulta, abunda el Ministerio Público, fue un ingreso en urgencias en 2011 por una posible fractura de huesos de la cara. La Policía concluye que la encartada "carecía de autorización para efectuar la consulta".
El informe de Delitos Tecnológicos se amplió en junio de 2020 gracias a la información remitida por la Tesorería General de la Seguridad Social por orden judicial. Del documento se desprende que María Mercedes A. accedió, valiéndose de su desempeño profesional en el equipo de valoración de incapacidades del Gobierno de Aragón, a los datos existentes sobre el denunciante. En concreto, en las al menos diez consultas que llevó a cabo, se interesó por datos relacionados con su afiliación a la Seguridad Social, sus prestaciones sociales y el histórico de bases de cotización. También inspeccionó las bases de cotización de los abuelos paternos de la niña y los datos de empadronamiento del padre del denunciante.
No hubo perjuicio psicológico
La Fiscalía entiende que "no ha quedado acreditado" que los exámenes efectuados por las acusadas "provocaran perjuicio psicológico alguno" al denunciante y sus familiares, "más allá del quebranto del derecho a que sus datos no sean consultados más que por las personas debidamente autorizadas".
Además de las peticiones de cárcel, de las que tendrán que defenderse en la Audiencia de Zaragoza, el Ministerio Público solicita que las acusadas resarzan en 1.200 euros al denunciante y en 600 a los padres y padrastro de este y que abonen una multa.
Una ‘guerra’ judicial por la custodia con muchas batallas
El padre y la madre de la niña se turnarán cada 15 días la custodia durante las vacaciones escolares. Así lo dirimió la Sección Segunda de la Audiencia de Zaragoza en la penúltima batalla judicial entre ambas partes, que mantienen una ‘guerra’ abierta, recrudecida por el próximo juicio. Antes se puso en tela de juicio la salud mental del progenitor, algo que desmintió una perito, y su implicación en el cuidado de la menor, que el tribunal califica de "encomiable". El fallo, sin embargo, mantiene la custodia en manos de la madre por el "mayor arraigo" de la niña en ese lado de la familia.
El ahora denunciante fue absuelto en mayo de un delito de violencia de género por proferir, según su exmujer, expresiones vejatorias, algo que la juez consideró no probado. También se le ha absuelto hace poco de, precisamente, revelación de secretos. Su exmujer lo acusó de enviarle a su madre conversaciones de WhatsApp de índole sexual que ella misma -la denunciante- habría mantenido hace 4 años con un tercero y a las que el acusado habría accedido sin permiso. Así lo defendió en todas las fases del proceso.
