tribunales
Los mandos de la Guardia Civil acusados por un brote de covid: «Se siguió el protocolo de la DGA»
Los dos investigados, un teniente coronel y un capitán, declaran ante el juez que replegaron a los GRS desde la central nuclear de Tarragona según las recomendaciones de la Dirección Provincial de Sanidad de Zaragoza.
El teniente coronel de la Guardia Civil Fernando M. P., y el capitán Jesús A. G., investigados como presuntos responsable de un brote de covid-19 declarado en septiembre de 2020 en el cuartel de Casetas que afectó a una docena de agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), han declarado ya ante el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza. Y aunque no quisieron contestar a las preguntas del abogado de la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil, que fue la que interpuso la denuncia, ambos mandos aseguraron ante el magistrado que la seguridad de sus subordinados fue su «desvelo» y que actuaron siempre «siguiendo el protocolo de la DGA y las recomendaciones de la Dirección Provincial de Sanidad».
El juez trata de aclarar si la orden de repliegue y traslado a Zaragoza que se dio a un grupo de funcionarios destinados en la central de Ascó (Tarragona) tras confirmarse dos positivos en coronavirus pudo ser el origen de los otros diez casos que más tarde se produjeron en la unidad. Para Jucil, colectivo al que representa el letrado Marco Antonio Navarro, por ser contacto estrecho con los contagiados, el resto de compañeros debió haber guardado la cuarentena en Cataluña.Sin embargo, volvieron todos a Casetas y se multiplicaron los positivos. De ahí que la asociación iniciara acciones penales contra los investigados como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa por dictar una resolución supuestamente «arbitraria y a sabiendas de su injusticia». Los denunciantes consideran que incurrieron también en un delito de lesiones por imprudencia grave y otro de incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
El teniente coronel Fernando M. P. –por entonces, todavía comandante–, reconoció que la orden de vuelta a casa la dio él. «Yo adopté la decisión en Zaragoza. Lo hice con autorización de mi superior en Madrid, ya que somos una institución jerárquica, y asesorado por el Servicio Provincial de Sanidad del Gobierno aragonés. No se hizo nada distinto de lo estipulado», remarcó. El entonces responsable de los GRS de Casetas –ahora en otro destino– explicó que el capitán Jesús A. G. era su segundo. «Me aconsejaba y transmitía mis órdenes. Nuestra principal preocupación era que el personal estuviera lo mejor posible», declaró.
El segundo encartado recordó al magistrado instructor que había una recomendación para que la gente desplazada volviera a Zaragoza y se le hiciese la prueba PCR los días 22 y 23 de septiembre. «Al haberse declarado un brote, se hizo una prueba masiva a todo la unidad, salvo los que llevaban fuera algún tiempo. Creo que fueron en total 144 PCR», apuntó. Según Jesús A. G., no solo durante el viaje de regreso a Zaragoza, «desde el mes de marzo, cuando se declaró la pandemia, se habían dado instrucciones precisas y equipos de protección individual para evitar contagios.
El juez tiene previsto interrogar a finales de este mes en calidad de testigos a tres de los guardias replegados desde la central nuclear.Después, podría pronunciarse sobre la continuidad o archivo de la causa.
Solo quedaron aislados en la central de Ascó los dos positivos
Los hechos que dieron lugar a la causa penal contra dos mandos de la Guardia Civil tuvieron su origen en la central nuclear de Ascó (Tarragona), instalación que vigilaban en septiembre de 2020 un grupo de 35 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del cuartel de Casetas. «Es algo parecido a una comisión de servicio, cada semana se releva a la mitad del contingente», explicó al juez el teniente coronel Fernando M. P., entonces al mando de esta unidad. Según este, el 17 de septiembre les informaron de los dos posibles contagios por covid-19, por lo que «inmediatamente –contó–, se aisló a estas dos personas».
Según el investigado, en la instalación tarraconense hay habitaciones individuales, por lo que los dos afectados se quedaron en ellas. «Se habló con Sanidad y recomendaron que estos dos hombres cumplieran la cuarentena allí y el resto volvieran.
El segundo encausado, capitán Jesús A.G., aclaró que el cuartelillo de Ascó tiene 43 habitaciones: «Pero no se podía prestar el servicio a la central con todos aislados». El mando, que no se explica la denuncia, aseguró que no corrió peligro la vida de ningún contagiado y «todos se reincorporaron después sin problemas a sus puestos»
