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El juez cita a declarar a dos mandos de la Guardia Civil por un brote de covid en los GRS de Casetas

Los oficiales ordenaron regresar a Zaragoza a 34 agentes que estaban destacados en Tarragona tras conocerse dos positivos

Cuartel de la Guardia Civil de Casetas
Cuartel de la Guardia Civil de Casetas
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El brote de covid-19 detectado el pasado mes de septiembre en el cuartel del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil en Casetas ha llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza a citar en calidad de investigados a dos mandos: el entonces comandante, ahora ascendido a teniente coronel, Fernando M. P., y el capitán Jesús A. G. El magistrado trata de aclarar si la orden de repliegue que dieron a 34 agentes que estaban destacados en la central nuclear de Ascó (Tarragona), después de que dos de ellos hubieran dado positivo en coronavirus, contribuyó a propagar la enfermedad en la unidad. No en vano, parece que fueron más de 20 los funcionarios de terminaron contagiados.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de la denuncia presentada el 6 de octubre de 2020 por la asociación profesional de la Guardia Civil Jucil, que considera que la decisión de volver a la capital aragonesa sin guardar la correspondiente cuarentena en Tarragona fue absolutamente desacertada. De hecho, el abogado que representa al colectivo, Marco Antonio Navarro, cree que los oficiales podrían haber cometido un delito de prevaricación administrativa por dictar una resolución presuntamente «arbitraria y a sabiendas de su injusticia».

Pero no es este el único ilícito penal que les atribuye, ya que el letrado también pide que se depuren responsabilidades por un delito de lesiones por imprudencia grave y otro del 316 del Código Penal, por un supuesto incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales. En concreto, por no facilitar a los trabajadores los medios necesarios para desarrollar sus cometidos sin poner en riesgo su vida o integridad física.

Rechazan las acusaciones

La denuncia se interpuso inicialmente en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Gandesa (Tarragona), pero la Fiscalía se mostró a favor de trasladar la causa a Zaragoza, donde finalmente se instruye. Entre las pruebas que solicitaba Jucil se incluía la toma de declaración de los encausados, a los que el magistrado ha citado el próximo 28 de junio en la Ciudad de la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 7 podrá escuchar ese día la versión de los hechos de ambos mandos de cara a dilucidar si sus órdenes fueron o no la consecuencia directa de la propagación de los casos de coronavirus entre la plantilla.

Cuando se conoció la denuncia, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil no tardó en rechaza las «graves acusaciones» vertidas contra el ahora teniente coronel y el capitán, calificándolas de «falsas» y «tergiversadas». El colectivo aseguró también entonces que la decisión de replegar a los guardias civiles se tomó para cumplir las directrices de la Consejería de Sanidad.

Según la Unión de Oficiales, el    contagio tuvo su origen en una comida celebrada el 12 de septiembre en Zaragoza a la que asistieron unas 30 personas, entre ellas personal del GRS. A Tarragona fueron el día 14, y el 17 uno de los guardias que estuvo en la comida empezó a tener síntomas.

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