zaragoza
Una mirilla incriminatoria
Una foto captada por la cámara de la puerta de un piso, un sistema de seguridad al alza, permitió ubicar al miembro de una banda de ladrones en el lugar de un robo.
No sonreía Ronald Jhonier Franco cuando rondaba uno de los pisos que su banda acabó asaltando a mediados de 2019 en la capital aragonesa. Nadie le avisó de que la puerta de una de las casas a las que se asomó estaba equipada con una cámara, pero igualmente miró al pajarito y acabó inmortalizado. El fotograma se incluyó como prueba en la instrucción de la causa y él y uno de sus compañeros, tras negar los hechos en la Audiencia de Zaragoza, han acabado condenados a 5 años y 3 meses de prisión.
El material gráfico aportado por el propietario del inmueble es, según fuentes del caso, «llamativo y posiblemente pionero». Aunque podría ser cada vez más común, ya que se trata de un producto que cotiza al alza. «Hay una gran demanda por parte de personas que quieren reforzar la seguridad de sus casas mediante mirillas más avanzadas, que además de conferir más intimidad cuando llega una visita no deseada permitan proteger el hogar», apunta Aurelio Quílez, zaragozano acreditado por la Unión de Cerrajeros Españoles (UCES).
Hay distintos tipos de mirillas con capacidad de fotografiar o filmar. «Algunas hacen la labor de timbre. Cuando una persona llama, le hace una foto. O directamente recoge esas imágenes cuando detecta movimiento. Estas pueden costar unos 150 euros, aproximadamente, más la mano de obra del cerrajero», explica Quílez. Ese material gráfico queda almacenado en una tarjeta SD, de la que después se puede extraer los archivos o borrarlos para dejar sitio a los nuevos. En el caso que ha condenado a Ronald Jhonier, fue el propio dueño del piso el que, al saber de los robos en su bloque, tomó la iniciativa de llevar las fotos a comisaría.
La gama más cara de mirillas ‘incriminatorias’ está equipada con conexión wifi. «A través de una aplicación, puedes estar en el pueblo o en la playa y ver desde tu teléfono móvil quién llama a tu puerta. Incluso es perfectamente posible hablar con ella y, por supuesto, grabar esas imágenes o capturar los fotogramas por si necesitas esa información para más adelante», razona Quílez. La instalación de este modelo puede superar los 200 euros.
En un vacío legal
La grabación de espacios públicos, como una calle o una plaza, tiene sus límites legales. Lo mismo ocurre con las propiedades privadas de uso comunitario. Según fuentes legales, y aunque son elementos aún «en un limbo alegal», para poder instalar una mirilla con cámara y «ajustarse por derecho a la ley de protección de datos» sería necesario «no grabar espacios públicos, salvo autorización expresa» de las autoridades pertinentes.
Además, el propietario tendría que «informar a los afectados, es decir, al resto de vecinos, de que la zona está siendo vigilada» y de quién se quedará con el metraje. Por último, se ha de notificar el fichero en la Agencia Española de Protección de Datos. Aunque lo habitual, apuntan estas mismas fuentes, «es que estas condiciones no se cumplan ni que este teórico incumplimiento sea sancionado».
