El presidente de la Cámara de Cuentas insta a la DGA a invertir en depurar las aguas de Zaragoza

Rechaza que los zaragozanos paguen el ICA sin que se impulsen a cambio obras en la capital. El Instituto del Agua deja este asunto en manos de la bilateral y el Ayuntamiento exige soluciones.

Vista de la depuradora de La Cartuja,.
Vista de la depuradora de La Cartuja,.
Guillermo Mestre

En pleno debate sobre las relaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, sostiene que ha llegado la hora de que la depuración y saneamiento de aguas de la capital reciba financiación autonómica para acometer obras. A su juicio, después de que la capital lleve cinco años incluida en el sistema de pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), el Instituto Aragonés del Agua –la entidad autonómica que recauda el tributo– tiene que revertir parte de ese esfuerzo fiscal en las infraestructuras de la ciudad. "Zaragoza no puede ser solo un contribuyente neto", sostiene.

El máximo responsable del principal organismo fiscalizador de Aragón ya anticipó esta tesis en su informe sobre la gestión de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza entre 2012 y 2017, presentado recientemente en las Cortes de Aragón, y lo ratifica en declaraciones a este diario. "Si los zaragozanos pagan todos los años lo que pagan al Instituto Aragonés del Agua, en sus previsiones de gasto debe tener en cuenta a la ciudad", afirma.

El debate se remonta a la puesta en marcha del canon de depuración por parte de la DGA y al hecho de que Zaragoza sufragó en solitario sus infraestructuras. La principal fue la planta de La Cartuja, inaugurada en 1993 y que el Ayuntamiento estuvo pagando con cargo a su presupuesto hasta 2013. Tras un régimen transitorio, Zaragoza, pieza clave para la sostenibilidad del plan de depuración de Aragón, se incorporó al sistema autonómico el 1 de enero de 2016, con una bonificación en el ICA del 70% ese año y del 60% en los siguientes (así se evitaba que la carga fiscal del contribuyente de la capital fuera superior a la del resto de los aragoneses, dado que en la ciudad se paga también tasa de saneamiento). Las previsiones de ingresos del Instituto del Agua en Zaragoza rondaban los 12 millones. En aquel año se suscitó controversia entre el Ayuntamiento, gobernado por ZEC, y la DGA, dado que el Consistorio dificultó el acceso a los padrones para que el Instituto del Agua cobrara el ICA en la capital. Con gran polémica, hasta octubre de 2017 no se empezaron a girar los recibos de 2016 en Zaragoza. Mientras, el gobierno municipal de la época promovió los recursos judiciales e incluso la insumisión fiscal (un edil, Pablo Híjar, llegó a engullir un recibo ante una cámara).

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Aragón hizo alguna propuesta que acabó en nada. Por ejemplo, la firma de un convenio de entre dos y cuatro millones de euros que sirviera para bajar el recibo en Zaragoza o para ejecutar obras de depuración. El presidente Javier Lambán, en el marco de la reforma del ICA, planteó en 2018 que fuera el Consistorio quien gestionara el cobro a cambio de al menos 2 millones de euros anuales. Dos años después, no se ha dado ningún paso.

Para Alfonso Peña, la solución pasa por un convenio que regule la colaboración en la materia entre las dos partes, que garantice la gestión del servicio, la ejecución de las obras pendientes y la sostenibilidad del sistema de depuración de Aragón, que sin la aportación de Zaragoza no sería viable. No cuantifica lo que podría suponer desde el punto de vista económico para la capital, a la espera de que Ecociudad, responsable de la gestión del saneamiento de la ciudad, presente un plan de inversiones.

Peña también explica que, tal y como figura en el informe de fiscalización de la citada entidad, el Ayuntamiento generó un beneficio entre 2012 y 2017 de 2,5 millones. Por eso, insta a la ciudad a invertir en nuevas obras el «pequeño margen» que se produce entre el coste del servicio y lo que se recauda mediante el recibo.

Tras la llegada del PP al gobierno local en 2019, la cuestión del ICA quedó en un segundo plano mientras las dos instituciones se centraban en otros asuntos, como el convenio de financiación de la capital o el impulso de Plaza. Pero ya en la comisión bilateral de marzo de 2020 se citó el ICA como una cuestión a abordar.

El Instituto del Agua transmite un escueto mensaje: "Es un tema que se tendría que tratar en el seno de la bilateral con el Ayuntamiento de Zaragoza. Por el momento, no hay ninguna novedad". Pero el Consistorio, que cifra sus necesidades inversoras en depuración en más de 40 millones de euros, pide soluciones. "Hay que firmar un protocolo, porque si no los ciudadanos pagan un impuesto para hacer obras en otros sitios. Parte de la recaudación debería revertir en la ciudad. No es justo que se cobre el ICA y a Zaragoza no llegue nada. Tienen que entender esto y tienen que querer", dice la concejal de Hacienda, María Navarro, en referencia a la voluntad política de la DGA.

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