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Zaragoza plantea nuevas condiciones para adherirse al plan de ayudas a la hostelería

El gobierno PP-Cs pide aprobar las bases de la convocatoria, concretar un convenio para otros sectores y regular la calidad del aire de los locales.

Carmen Herrarte (izquierda) y Carlos Pérez Anadón, en un receso de la reunión.
Carmen Herrarte (izquierda) y Carlos Pérez Anadón, en un receso de la reunión del pasado lunes.
Oliver Duch

El Ayuntamiento de Zaragoza va a plantear a la DGA tres nuevas condiciones para adherirse al plan autonómico de ayudas a la hostelería, que contempla que los municipios aporten 10 millones de los 50 que está previsto repartir. En concreto, el gobierno municipal PP-Cs quiere tener la potestad de aprobar las bases de la convocatoria, concretar un convenio para otros sectores y apostar por el control de la calidad del aire de los establecimientos para mejorar los aforos permitidos. Para el consejero de Hacienda de Aragón, Carlos Pérez Anadón, se trata de un “paso atrás” que contrasta la incorporación al proyecto del Consistorio de Huesca anunciada hoy.

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, ha explicado sus nuevas exigencias un día antes de que la cuestión se debata en el pleno municipal gracias a una moción del grupo socialista. “Como socio principal que somos de este plan, tenemos cosas que aportar, no solo se trata de ponerlas”, ha advertido la edil de Ciudadanos en referencia a la aportación económica que tienen que hacer las entidades locales.

"Como socio principal de este plan, tenemos cosas que aportar, no solo se trata de ponerlas"

En concreto, el plan de apoyo a los sectores más afectados por la pandemia que anunció el pasado mes de marzo el Gobierno de Aragón prevé inyectar hasta 50 millones de euros en ayudas directas a la hostelería y el turismo de la Comunidad. Se calcula que 11.000 negocios se podrían beneficiar de subvenciones que van de los 3.000 a los 200.000 euros.

La DGA aportará el 60% de las ayudas (30 millones), las diputaciones un 20% (otros 10) y los consistorios, el 20% restante (10 más). El convenio que da soporte jurídico al plan se ha negociado con las diputaciones, que lo ratificarán en los próximos días, y con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), en representación de los ayuntamientos de la Comunidad, que podrán hacer su aportación a través del fondo de cooperación municipal que reciben del Pignatelli.

En cambio, para las tres capitales de provincia se abre la opción de participar a través de la retención de transferencias pendientes del Gobierno de Aragón o la compensación de deudas liquidas vencidas y exigibles entre las partes. Huesca acaba de anunciar su adhesión al proyecto y la DGA prevé cerrar el acuerdo con Teruel en los próximos días.

En el caso de Zaragoza, la DGA y el Ayuntamiento, que ha sido muy crítico con el proyecto al considerar que “llega impuesto”, se reunieron este lunes sin llegar a alcanzar un acuerdo. El equipo de gobierno de Jorge Azcón pidió reducir su porcentaje de participación, línea roja para el Ejecutivo autonómico, que no atendió la solicitud. La concejal Herrarte apuntó que la capital aportaría un máximo de 4 millones de euros, que luego redujo a 3,5.

Preguntada hoy por esta cuestión, la edil ha señalado que “la cifra la tiene que marcar el Gobierno de Aragón y aún no lo han hecho ni nos han explicado cómo se van a repartir las ayudas”, ha criticado. Por ello, una de las nuevas condiciones planteadas por el Ayuntamiento es que puedan refrendar o rechazar las bases de la convocatoria, que determinarán cómo se hará el reparto de las ayudas. En este sentido, y a falta de conocer el contenido del acuerdo, el Ejecutivo autonómico ha pactado con el sector que el factor prioritario sea el porcentaje de pérdida de facturación en el último año.

Respecto a la ayuda a otros sectores, Herrarte ha calificado como “positiva” la propuesta de la DGA de firmar un nuevo convenio en el marco de la comisión bilateral para apoyar a aquellos negocios que no se vean beneficiados por este plan de rescate. Eso sí, la edil ha solicitado al Gobierno de Javier Lambán que concrete la cuantía económica para “estudiar estrategias” para su reparto.

Finalmente, Herrarte ha introducido en el debate del plan una cuestión transversal que viene defendiendo desde hace meses en contraposición a los planteamientos del Ejecutivo autonómico. Se trata de la regulación de la calidad del aire de los establecimientos como factor para determinar los aforos y la capacidad de abrir o cerrar un negocio. “Son propuestas que aportan valor al proyecto”, ha defendido la edil, que ha añadido que “los hosteleros están por encima de colores políticos”.

La DGA habla de "frenazo"

La propuesta municipal pronto ha recibido respuesta por parte del Gobierno de Aragón. Su consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha lamentado la postura del Ayuntamiento, que ha calificado de "paso atrás, un frenazo" después de la reunión que mantuvieron las partes el lunes, que "fue positiva".

Pérez Anadón ha advertido de que las nuevas exigencias de PP-Cs llegan "casualmente" el día que la ciudad de Huesca ha decidido adherirse al plan autonómico de rescate. "Espero que solo sea un nubarrón y que la concejal Herrarte se dé cuenta de que lo importante para la hostelería de Zaragoza es una actitud positiva por parte del Ayuntamiento", ha concluido.

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