Once municipios de Zaragoza autorizados para tener videovigilancia en espacios públicos: de Ejea a Calatayud

Cada vez son más, y también más pequeños, los municipios que están autorizados para instalar cámaras de videovigilancia en espacios públicos. Una opción que contemplan los ayuntamientos como una medida de seguridad y disuasoria. Once cuentan en la provincia de Zaragoza con el perceptivo permiso de la Delegación de Gobierno: la capital y, además, Ejea de los Caballeros, Utebo, La Puebla de Alfindén, Caspe, Calatayud, Moyuela, Tarazona, Contamina, Los Fayos y Biel.

Hasta finales de 2019 estos sistemas estaban limitados a aquellas localidades que, por su volumen de población, disponían de Policía Local. Desde hace algo más de un año está en marcha un proyecto pionero que permite que puedan optar pequeñas localidades que no disponen de este cuerpo de seguridad y dependen de la Guardia Civil. Un marco del que hasta ahora se han beneficiado en la provincia zaragozana Biel, Moyuela, Contamina y Los Fayos.

Ejea de los Caballeros es, de lejos, la que cuenta con más dispositivos, un total de 97, según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno. Son más que en Huesca, que posee 96, y suponen casi la quinta parte de las cerca de 500 cámaras que hay autorizadas en Aragón. A las 11 localidades que tienen permiso en la provincia de Zaragoza, se suman siete en Huesca (Huesca, Sabiñánigo, Barbastro, Arén, Canfranc, Fraga y Monzón) y una en Teruel (Alcañiz).

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, justifica esta cifra de cámaras "porque hay muchos edificios públicos, es un municipio muy amplio y se trata de una demanda de los vecinos". Están diseminadas también por el casco antiguo, la Ciudad del Agua, el ferial, Aquagraria y calles en las que había quejas por ruidos y pintadas. Además también se van a renovar los equipos con un nuevo software "para que ganen en nitidez".

Ahora el sistema se va a ampliar por sus ocho pueblos, de los que dos, Pinsoro y El Sabinar, ya cuentan con esta tecnología. Para este despliegue se utilizarán cámaras con leds de visión nocturna, cámaras de evidencia, acompañadas de lectoras de matrículas.

La capital de la comarca de las Cinco Villas es uno de los nueve municipios, todos zaragozanos, que están pendientes de que la Comisión de garantías de videovigilancia le dé el visto bueno a esta ampliación. También Utebo, que ya cuenta con 63, espera la luz verde para un incremento. La nómina de los ‘primerizos’ que están en lista de espera se completa con Zuera, Épila, Ricla, Castiliscar, Gallur, La Almunia de Doña Godina y Tauste. Las grabaciones solo pueden ser revisadas por la Policía Local o la Guardia Civil y transcurrido un tiempo (unas dos semanas), las imágenes se borran salvo que haya alguna incidencia.

Las poblaciones siguen moviendo ficha para sumarse a esta tendencia. Es el caso de Cadrete, cuyo Ayuntamiento aprobada esta semana destinar 311.679,56 euro a la instalación de 22 cámaras en accesos, zonas o caminos que se consideran más conflictivos o que son muy frecuentados, como áreas sanitarias o escolares.

"La sensación de inseguridad ha seguido durante toda la pandemia"

Con un padrón sobre el papel de 265 vecinos, de los que viven de forma continuada en el pueblo unos 180, las cámaras de videovigilancia en este pueblo de la comarca de las Cinco Villas se convierten en una herramienta "para dormir más tranquilos", asegura su alcalde, José Daniel Machín.

En los últimos dos años han sufrido robos en viviendas de segunda residencia y locales vacíos. "Muchas veces la reparación de los destrozos que causan cuesta más que el dinero que sustraen o lo que se llevan", señala. En una peña se limitaron a entrar "para tomarse algo de lo que había en el frigorífico y sentase tranquilamente". En el campo de fútbol "rajaron la puerta de chapa y se fueron con las camisetas del equipo y poco más de 100 euros".

Machín asegura que "la sensación de inseguridad ha seguido durante toda la pandemia". Por ello quiere que se instalen cámaras en las tres entradas a la población desde Sos del Rey Católico, Sádaba y Sofuentes.

La dispersión, la despoblación y el envejecimiento hacen vulnerable al medio rural, que se puede convertir en el blanco perfecto para las bandas de cacos. La Guardia Civil no puede llegar a todo el territorio y las cámaras se convierten en un buen aliado. Contamina, con menos de 40 habitantes, es el pueblo más pequeño que dispone de cámaras, cuatro.