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Las cámaras de videovigilancia llegan con cuentagotas a los municipios del medio rural sin Policía Local

Ricla y Los Fayos estrenaron este proyecto piloto y quieren ampliar los equipos instalados. Épila, Biel y Contamina están esperando la autorización oficial.

camaras de seguridad en las callesde ricla 04/03/20202 fotografia macipe [[[FOTOGRAFOS]]] [[[HA ARCHIVO]]]
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La dispersión de los pueblos, la despoblación y el envejecimiento hacen vulnerable al medio rural, que se convierte en el blanco perfecto para las bandas de cacos. Para paliar la falta de vigilancia, ya que la Guardia Civil no puede llegar a atender todo el territorio, la Delegación de Gobierno puso en marcha a finales del año pasado un proyecto piloto para facilitar la instalación de cámaras de videovigilancia en los municipios que no cuentan con Policía Local, para lo que fue necesario crear un marco jurídico específico que lo respaldase.

Ricla, con seis de estos equipos, y Los Fayos, con cinco, son las primeras localidades que las han estrenado coincidiendo con la pandemia. Ahora, según los datos facilitados por la Delegación de Gobierno, están previstas reuniones de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que da la autorización final, para tratar los expedientes de los municipios zaragozanos de Épila, Biel y Contamina. También están en lista de espera las oscenses de Canfranc y Arén y cuatro poblaciones turolenses, Formiche Alto, Aguatón, Singra y Fuentespalda, que se encuentran a la espera del informe técnico que elabora la Guardia Civil una vez que el municipio presenta una solicitud junto a una memoria del número de cámaras que quiere instalar y la zona que cubren.

El coronavirus paralizó las gestiones que ahora se van a retomar. Así lo reclama Alejandro Espinosa, alcalde de Badules, que cuenta con 85 empadronados, aunque menos de la mitad, unos 35, están todo el año en la localidad. Tras dos años dándole vueltas al proyecto de colocar siete cámaras de videovigilancia, vio la luz cuando a finales del año pasado la Delegación de Gobierno anunció que las trabas legales se iban a superar con esta iniciativa pionera en España.

Relanzar el proyecto pionero

Los equipos, por valor de unos 21.000 euros, los tiene ya comprados, gracias a una aportación del 70% de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral (Adri) de las Tierras del Jiloca y Gallocanta. Tienen que estar dispuestas antes de final de año y para que se conecten y empiecen a grabar necesita la autorización oficial.

"En esta zona del Campo de Daroca hubo varios robos que provocaron mucha inseguridad entre la gente. Había una banda que actuaba aprovechando el tren. Llegaban en el último convoy y se bajaban en el apeadero para entrar en las casas vacías que ya tenían localizadas. Cuando el botín estaba listo venía una furgoneta", explica Espinosa. "El 80% de los vecinos que están todo el año tienen una edad por encima de 70 años y este tipo de sucesos causan temor, porque nunca sabes si puede ocurrir un delito mucho más grave", concluye.

Los regidores que han optado por instalar estos equipos insisten en que no existe ningún problema relativo a la privacidad, un aspecto que suele suscitar algunos recelos. Las cámaras solo graban en la vía pública y en ningún momento enfocan a viviendas, uno de los aspectos que se garantiza en el informe que lleva a cabo la Guardia Civil. Las imágenes se custodian y solo se permite visionarlas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando existe una denuncia o pueden ayudar en la investigación de algún delito.

Los Fayos y Ricla quieren más

Las cinco cámaras de videogilancia de Los Fayos quedaron listas durante la pandemia tras una inversión de 17.700 euros. No ha habido demasiado tiempo para probarlas, pero el Ayuntamiento quiere pedir que les permitan contar con otras tres. "Ahora las tenemos en lugares estratégicos en las entradas y salidas y en la calle Mayor, pero queremos también controlar algunas zonas donde hay almacenes municipales y viviendas aisladas y el casco histórico", apunta Rocío Berrozpe, la alcaldesa.

Aunque la crisis sanitaria por la covid limitó la movilidad durante varios meses, Berrozpe está convencida que este sistema de vigilancia está cumpliendo con su función "disuasoria". "Desde que se sabe que las tenemos, hay menos presencia de gente extraña que viene sin motivo aparente". Aquí también se registraron robos en casas vacías y aparecieron individuos que se hacían pasar por revisores del gas o de la luz para intentar embaucar a los más mayores.

En Ricla disponen de nueve cámaras de videovigilancia desde principios del pasado marzo, que costaron 25.000 euros. Su alcalde, Ignacio Gutiérrez, adelanta que van a solicitar tres más para controlar la báscula municipal que se va a construir, una zona de aparcamiento y el punto limpio en el que se producen intentos de robo de materiales que luego se pueden vender. "No es una inversión excesiva y funciona. Un Ayuntamiento como el nuestro, con un presupuesto anual de tres millones de euros, no puede costear una Policía Local que supondría más de la mitad", explica.

En Épila, las cámaras también llegarán antes que los agentes: en noviembre de 2019 se aprobó la creación de este servicio público, cuya sede estará en la planta baja de la casa consistorial. La apertura del matadero de Bon Àrea y la ola de robos que se vivió en 2018 han motivado que desde hace más de un año se pida permiso para poder disponer de seis equipos.

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Jesús Bazán, alcalde de Épila
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"Es un tema sensible y hay que ir cumpliendo requisitos; lleva tiempo"

El Ayuntamiento de Épila lleva más de un año con las gestiones para que le autoricen la instalación de seis cámaras de videovigilancia: en dos plazas céntricas y en las salidas y entradas al casco urbano. Es un caso significativo, ya que en la localidad se está construyendo el macromatadero de Bon Àrea. Además, este dispositivo reforzado de seguridad llegará antes de que se ponga en marcha el cuartel de la Policía Local, que acumula retraso, y para el que el Ayuntamiento va a convocar seis plazas, una de oficial y cinco de agentes.

"La solicitud la hicimos para que sea una vía más de ayuda para el esclarecimiento de algunos delitos. Lo que ocurre es que es un tema muy sensible y hay que ir cumpliendo requisitos", explica el alcalde de Épila, Jesús Bazán. Esta iniciativa responde a una demanda social en el municipio. "El Ayuntamiento ha atendido la petición que existía: hay problemas e intentamos dar una solución", reconoce el primer edil.

A este respecto, José María Simón, de la Asociación de Vecinos de la localidad, recuerda que fue una de las primeras reivindicaciones de este colectivo hace ya cinco años, "tanto las cámaras como la creación de la Policía Local". Así, asegura que están "satisfechos" porque ven que "se va avanzando".

"Me parece bien, cuanta más seguridad haya, mejor para todos", apuntaba Talibi Ahmed, que cuenta con un negocio en la plaza de España, en pleno centro de la localidad. "Tengo mis cámaras, porque también he sufrido algún robo, pero con las que pongan nuevas será una forma de disuadir y también ayudar", defiende.

Camilo Deza, alcalde de Biel
Camilo Deza, alcalde de Biel
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"En un pueblo pequeño da seguridad a la gente y disuade a los ladrones"

Con un padrón sobre el papel de 154 vecinos de los que solo unos 60 viven de forma continuada en Biel, las cámaras de videovigilancia se convierten en este pequeño núcleo de la comarca de las Cinco Villas en una herramienta "para contribuir a la seguridad y evitar robos y asaltos que se llevan a cabo aprovechando que hay muchas viviendas de segunda residencia", asegura su alcalde, Camilo Deza.

Su población se multiplica en verano, y este año con la pandemia casi han llegado a las 800 personas durante casi todo el periodo estival. Un espejismo que desaparecerá en cuanto llegue el frío. El año pasado sufrieron un robo en las piscinas y durante las fiestas los vándalos se cebaron con las señales y el mobiliario. Fue lo que llevó al regidor, que por motivos profesionales vive a caballo entre Zaragoza y el municipio, a plantear la instalación de dos cámaras de videovigilancia a la entrada y salida de la localidad en la carretera A-1202.

"La mayoría de las veces cuando se produce algún tipo de robo el valor de los daños que causan suele ser superior a lo que se llevan", apunta Deza. Recuerda que hace unos años llegaron a asaltar varias casas de segunda residencia la misma noche de las que se llevaban los electrodomésticos pequeños y objetos de valor que podían encontrar. La okupación no es un tema que especialmente le preocupe "porque aquí la gente que hay siempre avisa al propietario de la vivienda en cuanto ve que hay alguien extraño merodeando o ha entrado". "Nos conocemos todos", dice. Las dos cámaras van a costar unos 6.000 euros, a lo que luego habrá que sumar el mantenimiento. Ahora espera que la Delegación de Gobierno agilice los trámites.

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