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Acusan a la mujer que cuidaba de un joyero de apropiarse de sus ahorros hasta dejarlo "sin un duro"

La Fiscalía solicita una pena de 5 años de cárcel por presunta estafa, petición que la familia eleva a 8 años.

La acusada (derecha), junto a su abogada y el traductor que le asistió durante el juicio.
La acusada (derecha), junto a su abogada y el traductor que le asistió durante el juicio.
Oliver Duch

La mujer que cuidó durante tres años de un joyero zaragozano se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza por haberse quedado presuntamente con el patrimonio personal del hombre. Este no pudo declarar por padecer alzheimer, enfermedad que le ha hecho perder facultades cognitivas desde al menos el año 2015 y de la que se habría aprovechado la encausada para apropiarse de sus ahorros hasta dejarlo «sin un duro, solo con deudas», tal y como aseguró ante el tribunal el hijo de la presunta víctima.

La Fiscalía solicita una pena de cárcel de 5 años por un presunto delito de estafa continuada mientras la acusación particular, que aprecia apropiación indebida y estafa, ambas agravadas y continuadas en el tiempo, pide un castigo de 8 años de prisión.

La acusada, María R., negó de plano las acusaciones, dijo depender actualmente de los servicios sociales para dar de comer a su hijo y aseguró no conocer el destino de los 237.000 euros que la familia estima que le fueron sustraídos al hombre, que regentó un negocio familiar dedicado a la relojería y a la joyería en Zaragoza.

Además de las funciones propias de una empleada del hogar, la encausada acompañaba al hombre al banco. Conforme empeoró la salud del empleador, la mujer, sabedora de la contraseña bancaria, acudía sola a extraer distintas cantidades. «Al volver le daba el dinero y el justificante», afirmó la acusada, que negó haber hecho extracciones sin permiso del titular de la cuenta.

María R. pasó a vivir en régimen interno junto a su hijo y el que era su jefe, con el que llegó a tener una relación «de pareja», tal y como la definió. La encausada sostuvo durante el juicio que el hombre no le pagaba un sueldo, sino que le daba «dinero para vivir» y un techo bajo el que dormir. También negó que falsificase su firma en una ampliación de las horas de su contrato (de 20 a 40 semanales), pese a que una pericial caligráfica sostiene lo contrario. «Lo hizo voluntariamente para ayudarme con la nacionalidad y el permiso de trabajo», apuntó la mujer, representada por la abogada Olga Oseira.

Otro punto en el que se ahondó en la sesión fueron las visitas que el hombre hacía al médico, sobre todo una en la que acudió acompañado de la acusada y en la que solicitó un certificado que confirmase que gozaba de plenas facultades y que utilizaría para hacer un cambio en el testamento que, presuntamente, beneficiaría a María R. La médico, «en vista del historial neurológico», se opuso. «La actitud de la persona que iba con él era altiva y prepotente», recordó ayer la sanitaria, quien señaló que el paciente «no estaba orientado en el tiempo ni era consciente de su estado mental».

Préstamos personales

El comerciante, que ahora vive ingresado en una residencia, aglutinaba en 2015 dinero líquido suficiente para vivir con comodidad y disponía de un fondo de inversión, además de la pensión y al menos dos pisos. Pero cuando la justicia lo declaró dependiente, su hijo –cuya acusación particular ejerce el letrado Adolfo Cortés– y otros dos familiares tuvieron que cubrir sus deudas con préstamos personales por valor de unos 20.000 euros.

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