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Acusan a un empresario de arrojar residuos tóxicos junto a la toma de agua de El Burgo de Ebro

La Guardia Civil halló garrafas y botellas de productos químicos junto a las balsas de las que se abastece el municipio. 

La Guadia Civil halló los residuos junto a las balsas de abastecimiento de agua de boca a El Burgo de Ebro.
La Guadia Civil halló los residuos junto a las balsas de abastecimiento de agua de boca a El Burgo de Ebro.
José Miguel Marco

Un positivo en covid-19 impidió al empresario Roberto M. T. acudir este martes a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde iba a ser juzgado junto a uno de sus empleados, Antonio M. M., por un delito contra el medio ambiente. En concreto, por el presunto vertido de residuos tóxicos junto al Canal Imperial de Aragón, en una zona próxima a las balsas de abastecimiento de agua de boca al municipio de El Burgo de Ebro.

La Fiscalía pide para ambos un año y medio de prisión, así como sendas multas de 2.880 euros. Solicita también su inhabilitación para trabajar en el traslado y tratamiento de residuos. La defensa niega los cargos y propone su absolución. Sin embargo, la enfermedad del empresario obligó al titular del Juzgado de lo Penal número 5 a aplazar la vista al próximo mes de septiembre. Y, por tanto, no será hasta entonces cuando pueda escuchar sus alegaciones.

Según el Ministerio Público, los hechos se remontan a febrero de 2018, cuando un cliente les encargó la limpieza y retirada de residuos de una nave del polígono Los Leones de Pinseque. Allí había estado trabajando un laboratorio que se dedicaba a la obtención de metales preciosos, tarea para la que usaba productos químicos. La Fiscalía mantiene que, para ahorrarse el coste de su gestión, arrojaron estos en El Burgo de Ebro.

El Ayuntamiento de El Burgo de Ebro se personó en la causa como acusación particular. No solo por el riesgo que el vertido supuso para la salud de los vecinos, sino también para reclamar los 2.790 euros que tuvo que desembolsar para costear la retirada de los productos químicos hallado junto al Canal Imperial, que fueron finalmente trasladados a un centro autorizado de tratamiento. El abogado que representa al Consistorio solicita una pena de dos años de prisión

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