La prórroga de los ERTE hasta junio costará más de 5.000 millones de euros
El acuerdo alcanzado con la CEOE mantienen la prohibición de despedir por causa covid y la de no poder repartir dividendos ni operar en paraísos fiscales a aquellas empresas acogidas a un ERTE.
La prórroga del esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo tendrá un coste para las arcas públicas superior a los 5.000 millones de euros, entre prestaciones a los trabajadores y exoneraciones en las cotizaciones de las empresas.
Así lo han detallado este martes en rueda de prensa los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la que han anunciado el visto bueno alcanzado por los agentes sociales al acuerdo.
La titular de Trabajo ha detallado que las prestaciones para trabajadores en ERTE tendrán un coste de 3.500 millones de euros, a razón de 700 millones al mes, en tanto que el responsable de la Seguridad Social ha contabilizado en 1.500 millones el coste de las exoneraciones, unos 400 millones mensuales.
Han explicado que este acuerdo mantiene el actual sistema de protección (ERTE de fuerza mayor para sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, ERTE de impedimento, ERTE de limitación y ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) y lo extiende cuatro meses más.
También mantiene los niveles de protección social, ha dicho Díaz, permitiendo el acceso a la prestación sin periodo de carencia, conservando la base reguladora para el cálculo de su cuantía en el 70 % y prorrogando la ayuda para los fijos discontinuos.
La ministra ha asegurado además que en el acuerdo se mantienen de manera literal todas las garantías, entre ellas, la prohibición de despedir por causa covid y la de no poder repartir dividendos ni operar en paraísos fiscales a aquellas empresas acogidas a un ERTE.
También la cláusula de mantenimiento del empleo, uno de los escollos de la negociación ya que la patronal presionó para que se vinculara la devolución de las ayudas únicamente al trabajador despedido o, en última instancia, al centro de trabajo del mismo y no a la totalidad de la plantilla.
La ministra ha asegurado que esta cláusula "permanece como obligatoria para todas las empresas que se acojan a un ERTE. Se prorroga en su estricta literalidad".
"Para los empresarios del país, favorecemos ayudas y transmitimos certezas", ha dicho Díaz, para "garantizar el tejido productivo", renovarlo y mirar al futuro para "dar un paso más" porque cuando cese la pandemia necesitamos empresas renovadas".
"Tras un año de Gobierno, ha llegado el momento de que los empresarios confíen en este Gobierno y dejen atrás los prejuicios, le tiendan la mano" y "caminemos conjuntamente".
Asimismo, el acuerdo mantiene la discriminación positiva a favor de la formación de los trabajadores en ERTE e incorpora una simplificación administrativa, para que aquellas empresas que ya tienen un expediente abierto no tengan que volver a presentarlo sino únicamente comunicar que continúan con él.
Por su parte, Escrivá ha explicado que las exoneraciones para los ERTE de los sectores ultraprotegidos y su cadena de valor, el esquema se va a mantener con el mismo patrón y se ha aplicado un "ajuste", incorporando actividades como camping y aparcamiento para caravanas, actividades de mantenimiento físico y alquiler de medios de navegación.
Asimismo, se ha puesto el foco en el sector horeca (comidas y bebidas), uno de los más afectados por las restricciones, de forma que las exoneraciones se apliquen tanto a inactivos como a activos.
En el caso de los ERTE de impedimento, ha dicho Escrivá, se mantiene el paraguas de protección, al igual que para los de limitación, con un sistema "similar, prácticamente idéntico" al de los cuatro últimos meses.
