El Ayuntamiento teme perder más de 2 millones del IAE tras una sentencia que anula un recibo

El juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Zaragoza acaba de anular un recibo del Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE) del año pasado que el Ayuntamiento de Zaragoza liquidó de forma indebida. El pleito afecta a unos 51.000 euros girados a una empresa, pero el gobierno PP-Cs expresó este jueves su temor de que pueda ser la vía para que prosperen unos 40 recursos judiciales todavía en tramitación y que suponen unos 2 millones de euros de los años 2018 y 2019.

El origen de estos pleitos está en la modificación que se acordó en 2017 de los coeficientes con los que se calcula este tributo, en la época de gobierno de ZEC. Ese cambio supuso un recurso judicial por parte de la empresa Saica que finalmente fue admitido: el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) consideró que ese cambio carecía de justificación y, aunque mantuvo las categorías, tumbó los coeficientes. En aquel momento, la oposición de la época (PP y Cs) reclamó la modificación de la ordenanza del IAE, pero el gobierno de ZEC optó por recurrir. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2019 y, cuando llegó el gobierno PP-Cs, se aprobaron unos nuevos coeficientes para resolver el problema.

Pero por el camino se presentaron más de 40 recursos de los años 2018 y 2019, según confirmó la concejal de Hacienda, María Navarro. Uno de ellos se resolvió el pasado 13 de noviembre y le dio la razón a una empresa zaragozana que sostuvo que los coeficientes con los que se les había cobrado el IAE eran de imposible aplicación, por estar derogados. La compañía acudió a los tribunales después de que el Ayuntamiento de la ciudad rechazara el recurso de reposición.

Decisión del TSJA

La sentencia basa su argumentación en el fallo del TSJA de 2018, que anulaba los coeficientes, pero no la ordenanza fiscal en su totalidad. El Ayuntamiento de Zaragoza, al liquidar el tributo, sostuvo que una vez anulados los coeficientes estaban en vigor los que había antes de 2017, pese a que el número de categorías era distinto y a que parte de la norma municipal que regula el impuesto no se había visto afectada.

Para la juez, es "más que cuestionable" que se acuda en parte a una normativa derogada plenamente y que se pretenda "revivir" parcialmente para cobrar un tributo. En su opinión, esta "técnica de actuación" producirá "importantes incongruencias" en su aplicación. Hay que tener en cuenta que la modificación que impulsó ZEC redujo de 9 a 7 el número de categorías fiscales, disminución que no fue anulada. La juez considera que no se dan ninguno de los requisitos exigibles para "revivir" una normativa derogada. Y por eso, se anula esta liquidación del tributo.

Los abogados José Antonio Montón y Pablo Salvador, del Despacho Garrigues, son los representantes legales de la empresa que ha ganado el pleito y sostienen que ahora el Ayuntamiento deberá devolver el tributo en su integridad o bien aplicar el coeficiente 1, que es el que se desprende de la ley de Haciendas Locales. Indicaron que tienen recursos en tramitación y que están estudiando las posibilidades de abrir la vía a nuevas impugnaciones judiciales para situaciones similares a las de este caso.

Informe de la universidad

A la espera de que lo que ocurra en el futuro, la concejal de Hacienda, María Navarro, recordó que el origen de este problema está en la modificación del callejero fiscal por parte de ZEC y que fue en 2019, año en que PP y Cs llegaron al gobierno, cuando se cambiaron los coeficientes para poder gestionar con normalidad este tributo. Es más, explicó que se aprobaron los coeficientes que había aconsejado un estudio de la universidad en 2017 y que ZEC había desoído. "Menos mal que adecuamos los coeficientes a la realidad, porque si no supondría un millón de euros anuales todos los años", declaró. El IAE representa anualmente una recaudación de unos 28,6 millones.