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El secretario de Cadrete no hizo un reparo oficial a la compra de vallas bajo sospecha

El funcionario declara en la Audiencia de Zaragoza que el exconcejal acusado de prevaricación no vulneró la ley de contratos menores, pero le advirtió sobre la forma de tramitar las facturas.

JUICIO POR PREVARICACION EN EL AYUNTAMIENTO DE CADRETE EN LA AUDIENCIA DE ZARAGOZA / 23-11-2020 / FOTOS: FRANCISCO JIMENEZ[[[FOTOGRAFOS]]]
El concejal acusado de prevaricación, durante el juicio celebrado en la Audiencia de Zaragoza.
Francisco Jiménez

El juicio por un presunto delito de prevaricación contra el que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cadrete entre 2015 y 2016, Juan Jesús G. U., quedó este martes visto para sentencia en la Audiencia de Zaragoza. Y lo hizo sin que ninguna de las partes modificara su posición inicial, ya que la Fiscalía no ha encontrado motivos para condenar al exedil del PAR y al igual que la defensa pide su absolución. La acusación particular insiste en que el encausado se saltó el procedimiento de contratación al comprar vallas por importe de 53.110 euros a la misma empresa sin convocar el preceptivo concurso público: obligatorio para suministros superiores a 18.000 euros. De ahí que lo acuse de fraccionar facturas y solicite para él 15 años de inhabilitación, pese a que el secretario interventor descartó ayer la prevaricación.

Durante la segunda sesión del juicio declararon la actual alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos (PP), y quien ejerciera como regidor cuando el acusado fue concejal, Rodolfo Viñas (PSOE). La primera recordó que cuando se produjeron las compras bajo sospecha ella estaba en la oposición. «No podíamos asistir a las juntas de Gobierno, pero pedíamos siempre las actas. Y me llamó la atención que se aprobaran tantos pagos de facturas a la misma empresa, siempre por importes inferiores a 2.000 euros», explicó. En cualquier caso, Campillos reconoció que no recordaba que el secretario interventor hubiera hecho ningún reparo. «Al menos por escrito», apuntó.

El exalcalde Rodolfo Viñas no ocultó que el entonces secretario les hizo una advertencia sobre la forma en que se estaban comprando las vallas. «Me consta que nos dijo que aquello no era correcto, porque había muchas facturas de menos de 2.000 euros», declaró. Pero el aviso llegó a comienzos de 2017, cuando ya habían comprado gran parte del material. «Cuando nos avisó –añadió–, cambió la forma de proceder y esto no volvió a ocurrir más. Ya sabíamos cómo teníamos que contratar cualquier suministro al Ayuntamiento».

Según Viñas, si se hizo algo de forma irregular, «desde luego, no fue de forma consciente o con mala intención». «Fueron torpezas no voluntarias», apostilló.

Testigo Clave

Los magistrados tenían especial interés en escuchar al secretario interventor, que compareció también ayer en calidad de testigo. El funcionario, Miguel R. S., que desempeña el cargo en Cadrete desde el año 2001, explicó que la alarma saltó en enero de 2017, cuando un técnico municipal le avisó del gran número de facturas aprobadas en junta de gobierno por un importe de menos de 2.000 euros. «Les hice una advertencia oral, pero no llegué a redactar informe de reparo. Lo habitual era hacerlo así. Se había incumplido una orden interna, un acuerdo operativo. Pero en ningún caso se vulneró la ley de contratos menores», indicó.

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