Juicio por prevaricación: Un exconcejal de Cadrete, en Zaragoza, niega ante el tribunal la compra "desmesurada" de vallas

El que fuera concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cadrete durante los años 2015 y 2016, Juan Jesús G. U., se ha sentando este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza como presunto autor de un delito de prevaricación. En concreto, por la supuesta compra de vallas por un importe de 53.110 euros de forma irregular. Quien lo denunció fue otro edil que había concurrido a las elecciones en la lista de su mismo partido, el PAR, aunque actualmente es concejal por Ciudadanos.

Según la acusación particular, Juan Jesús G. U, contrató el suministro de vallas siempre con la misma empresa obviando el procedimiento legal, que exige sacar a concurso público todos aquellos contratos que superen el límite de 15.000 euros. Y lo hizo, mantiene esta parte, utilizando siempre el mismo modus operandi: efectuando compras con facturas inferiores a 2.000 euros. “Esto demuestra que el investigado era plenamente consciente de lo que hacía, puesto que sabía que, no superando este importe, podía eludir el procedimiento legal de contratación”, señala.

Por este presunto fraccionamiento ilegal de facturas, la abogada Sonia Calvete solicita una pena de 15 años de inhabilitación. Sin embargo, la Fiscalía considera que el encausado no ha cometido ningún delito y que solo cabe la absolución. A diferencia del denunciante, el ministerio público fija el importe de las vallas adquiridas a la empresa Masena S. L. en 36.230 euros. Recuerda además que había dos tipos de material, por un lado barandillas decorativas y por otro vallas de cerramiento, “lo que no permite juntar todas las compras”.

Durante su declaración ante el tribunal, el exconcejal ha asegurado que “nunca” pensó que estuviera haciendo algo ilegal. “Pasamos todas las facturas por la Junta de Gobierno y si compramos las vallas siempre a la misma empresa fue porque pedimos varios presupuestos y esta era la más barata”, ha dicho. “Yo ignoraba que el límite de las facturas fuera 2.000 euros -ha añadido-, nos lo advirtió después el secretario municipal”.

La defensa, a cargo de la letrada Susana Izcara, ha recordado que el excompañero del acusado decidió denunciarle por prevaricación y fraude después de que su cliente lo denunciara a él por presuntas injurias. “El juez de instrucción archivó hasta en dos ocasiones el procedimiento. Y, finalmente, la Audiencia Provincial decidió que siguiera adelante solo por supuesta prevaricación. Un delito, que ni la Fiscalía aprecia”, ha señalado. De ahí que ahora pida la absolución del exconcejal.

El juicio continuará este martes con la declaración de los testigos.