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Un juez condena al cártel de los camiones a pagar 148.000€ a un transportista de Zaragoza
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Zaragoza obliga al fabricante Daimler AG, uno de los cinco multados por la UE por pactar precios, a indemnizar a un cliente de la capital aragonesa por el sobrecoste de nueve vehículos.
La Comisión Europea anunció en 2016 una multa de más 3.800 millones de euros a seis de los principales fabricantes de camiones a nivel europeo –DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, MAN y Renault-Volvo– por pactar los precios de venta entre los años 1997-2011. Aquello no fue más que el comienzo, porque los transportistas que supieron que habían pagado sobrecostes empezaron a inundar los juzgados de demandas para recuperar su dinero. Por supuesto, entre los afectados había numerosas empresas aragonesas. Y el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza acaba de dictar condenar ahora a una de las empresas integrantes del cártel.
La demandada fue Daimler Ag, a la que el juez obliga a abonar al demandante 148.743 euros por infracción del derecho de la competencia. Es decir, por incrementar de forma irregular el precio de los nueve camiones pesados que adquirió para su flota el cliente zaragozano entre 1997 y 2008. En la sentencia, contra la que todavía cabe recurso ante la Audiencia Provincial, el magistrado reconoce también el derecho del transportista a cobrar los intereses devengados. Por lo que la cantidad a pagar por los daños causados podría rondar finalmente los 200.000 euros.
Se trata de unos de los primeros fallos condenatorios en los juzgados aragoneses –se conocen otros dos, uno en Zaragoza y otro en Huesca, ambos ganados por el despacho Forniés & Guelbenzu. No en vano, son 254 las demandas en curso contra alguno de los fabricantes multados por la UE, relacionadas con la adquisición de 2.240 camiones por parte de autónomos y empresas de transporte con domicilio social en Aragón. Así lo afirman desde Caamaño, Concheiro & Seoane, despacho de abogados que ha ganado este último pleito y que representa a miles de afectados en toda España.
¿Quién puede reclamar la devolución del sobreprecio pagado por su camión? En principio, todos aquellos transportistas que compraron un vehículo pesado a algunos de los fabricantes del cártel durante el periodo 1997-2011, años en los que, según dijo Bruselas, estos obstaculizaron la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones contaminantes para repercutir después a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.
«Los afectados pueden reclamar una indemnización por responsabilidad civil extracontractual a los fabricantes del cártel por los pactos ilícitos que mantuvieron durante esos años», recuerdan desde CCS Abogados. «Eso sí –advierten–, es importante actuar cuanto antes para interrumpir la posible prescripción».
El hecho de la Comisión Europea multara a los fabricantes no significa que automáticamente los jueces y tribunales tengan que condenarles. En Alemania, el país donde se produjeron las primeras resoluciones, ha habido ya alguna desestimación. De hecho, al hablar de reclamaciones tan importantes de dinero, lo lógico es que los fallos de los juzgados mercantiles se recurran ante la Audiencia Provincial y, en algún caso, lleguen ante el Tribunal Supremo.
Sin embargo, los abogados creen que merece la pena demandar para recuperar el dinero pagado de más. Conforme a los primeras sentencias, que han empezado a ‘llover’ por toda España, el sobrecoste medio asciende al 16,35% del precio de compra neto del camión, si bien depende del año de compra, ya que hay años con porcentajes más bajos. Y hay que tener en cuenta que a esta cantidad hay que sumar después los intereses.
Unos mil afectados en Aragón
Por ahora, son algo más de 250 demandas las que se han presentado en Aragón contra alguno de los fabricantes de camiones multados por Bruselas por pactar precios. Sin embargo, el número podría incrementarse de forma sustancial en los próximos meses al calor de las primeras condenas. Porque no solo ha habido fallos contra el cártel en Zaragoza, también han empezado a producirse en La Rioja, Galicia o el País Vasco. En cualquier caso, la del Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital aragonesa ha sido hasta ahora una de las más importantes en cuanto a la cuantía.
Resulta complicado concretar el número de camiones que se compraron en territorio aragonés entre 1997 y 2011, periodo por el que fue sancionado el cártel.Pero un cálculo estimativo del sector permite hablar de alrededor de un millar de autónomos o empresas de transporte afectadas entre las tres provincias, con alrededor de 4.000 vehículos en litigio. El precio de los vehículos varía, pero si el sobreprecio es de media el 16% y se abonan también intereses, el importe total resulta a todas luces millonario
