Nueva ordenanza en Zaragoza que prohíbe el botellón y fomenta el ocio alternativo

Tras superar el periodo de exposición pública y con una tramitación exprés, la comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde este viernes a la nueva ordenanza del botellón, que elevará las sanciones por las infracciones más graves hasta los 1.500 euros y que podría estar en vigor a principios de octubre, antes de que llegue la semana del Pilar y las ‘no fiestas’. La normativa ha prosperado gracias a los votos de PP, Cs, Vox y PSOE, partido que ha logrado incluir algunas enmiendas, una de ellas vinculada a la puesta en marcha de la redacción de una nueva ordenanza para mejorar la convivencia y evitar la degradación del espacio urbano.

El nuevo texto legal, que ha recibido las críticas y los votos en contra de los grupos de ZEC y Podemos-Equo, nace en el contexto de pandemia por la covid-19, situación que según el gobierno ha justificado la urgencia de la tramitación para evitar la proliferación de estas concentraciones de jóvenes, uno de los vehículos de transmisión del virus. No en vano, los tiempos administrativos de esta norma han sido de récord, dado la propuesta se presentó a finales de julio y ya está aprobada.

La concejal de Servicios Públicos, Natalia Chueca, no ha circunscrito la necesidad de la ordenanza solamente a la covid, sino que ha considerado que se trata de un problema social y de salud pública que viene de antes. En este sentido, ha explicado que la normativa quiere prevenir el consumo excesivo de alcohol, propiciar la sensibilización ciudadana respecto a este problema y fomentar un ocio saludable y alternativo para los jóvenes mediante planes específicos "que contarán con dotación presupuestaria este año".

Una de las cuestiones que ha incorporado el texto es la sustitución de las sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad. "No sirve de nada sancionar si no se trabaja en paralelo en materia de prevención", ha dicho. En este sentido, el artículo referido a la sustitución de las sanciones se ha completado, especialmente en los casos de los menores de edad, incluso en los casos de reincidencia. También se han asumido una serie de sugerencias del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, que pedía una mayor concreción jurídica de alguno de los artículos de la norma.

La edil socialista Ana Becerril ha destacado la necesidad de que se estimule la sustitución de las multas por trabajos en favor de la comunidad y ha reclamado medidas alternativas al consumo excesivo de alcohol "creativas y pedagógicas". Víctor Serrano, de Cs, ha recordado la preocupación de las familias por este problema. Por parte de Vox, Julio Calvo, ha confiado en que las sustitución de las sanciones por trabajos sociales no se convierta en una vía para evitar el cumplimiento de la normativa.

El concejal de ZEC Alberto Cubero ha rechazado la necesidad de esta ordenanza, que a su juicio pretende "el control punitivo y coercitivo de la calle aprovechando una situación de pandemia". "Se pelean con Lambán para ver quién es más duro contra el botellón", ha dicho. Amparo Bella, de Podemos-Equo, ha tachado la normativa de "innecesaria" y ha criticado la falta de alternativas para la población joven a la que el gobierno PP-Cs "quiere criminalizar".