Con el conflicto por el reparto de las ayudas estatales a los ayuntamientos bloqueado en Madrid, el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, que ha liderado la revuelta de las ciudades que se quedarían fuera del fondo, trasladó este jueves el debate al seno del Consistorio zaragozano. El gobierno PP-Cs convocó un pleno extraordinario para el próximo martes en el que reclamará a la oposición municipal el respaldo a su lucha por no quedarse sin los ingresos necesarios para hacer frente al agujero económico que está causando la pandemia.

De paso, el movimiento le servirá al alcalde para arrinconar al grupo socialista, que será previsiblemente el único que votará en contra. Tan evidente fue la jugada que la portavoz del PSOE, Lola Ranera, contraatacó minutos después con la convocatoria de otro pleno extraordinario. En este caso, la edil pondrá en duda que Zaragoza no pueda usar su remanente de tesorería, tal y como defiende la coaliciónPP-Cs, lo que permitiría al Ayuntamiento acceder al fondo estatal.

«Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados», criticó la concejal de Hacienda, María Navarro, en relación al acuerdo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, que establece un fondo de ayudas de 5.000 millones de euros para aquellos consistorios que presten sus remanentes al Gobierno central. De esta forma, Zaragoza no accedería a la inyección económica estatal, lo que para la edil del PP supone una «injusticia».

«Las entidades locales hemos sido las que hemos respondido en primera línea a las necesidades de los ciudadanos, y lo hemos hecho con una merma de ingresos y un aumento de los gastos», recordó la vicealcaldesa, Sara Fernández. «El acuerdo vulnera el principio de igualdad de los municipios y de los ciudadanos y supone un reparto injusto e insolidario», insistió la edil. Por ello, la también concejal de Cultura reclamó «reabrir las negociaciones» con el Ministerio de Hacienda, dado que el Gobierno central no cuenta con la mayoría necesaria para convalidar el decreto en el Congreso de los Diputados.

28,5 millones de remanente

Desde las filas socialistas mantienen una postura opuesta. Lola Ranera criticó la «deriva» del alcalde, al que acusó de arrastar a los zaragozanos a una política de «confrontación partidista» que calificó de «error».

La portavoz socialista recordó que «existe margen de maniobra para negociar» con el Ministerio de Hacienda, pese a que su titular, María Jesús Montero, ha rechazado establecer un diálogo con los 31 alcaldes díscolos. En cualquier caso, Ranera insistió en que el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un remanente de tesorería con el que acudir al fondo de ayudas covid.

En concreto, la edil señaló que de los 40,5 millones del remanente, 12 están comprometidos para afrontar el pago de deuda y de facturas pendientes a proveedores. «Quedan 28,5 millones y Azcón hace una pésima operación al decidir dárselos a las grandes contratas por las revisiones de precios», lamentó Ranera, que apostó en cambio por ofrecer ese dinero al Gobierno central, lo que según sus cuentas, permitiría a Zaragoza lograr hasta 60 millones gracias al fondo covid y a los intereses que dejaría de pagar.

«Está haciendo rehenes a los zaragozanos solo para iniciar su guerra partidista», lamentó la portavoz socialista, que convocó un pleno extraordinario para debatir el uso del remanente y para pedir la derogación de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –más conocida como ley Montoro–, que establece las restricciones de uso del superávit municipal.

Desde PP-Cs, en cambio, señalan que el remanente está comprometido por ley y que incluso así se lo ha confirmado el propio Ministerio de Hacienda.