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Las ayudas estatales y la reactivación económica de Zaragoza marcan el nuevo curso político

Los ingresos externos determinarán el margen de acción de Azcón, que quiere cuadrar las cuentas sin subir impuestos.

La coalición PP-Cs afronta su segundo curso político en un escenario marcado por la covid.
La coalición PP-Cs afronta su segundo curso político en un escenario marcado por la covid.
D. Marcos / Ayto.

En una ciudad convertida en epicentro de los contagios por coronavirus durante buena parte del verano, con miles de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las solicitudes de ayudas sociales marcando cifras históricas, el Ayuntamiento de Zaragoza afronta el nuevo curso político con el casi exclusivo reto de atajar las consecuencias de la pandemia. Habrá que hacerlo, además, con una merma de ingresos millonaria, por lo que la llegada de dinero externo marcará el margen de acción de Jorge Azcón, que está liderando la revuelta de alcaldes disconformes con el reparto de fondos covid que pretende el Gobierno central.

La capital aragonesa reclama una distribución proporcional a la población de los 5.000 millones de euros que ofrece el Ministerio de Hacienda, lo que reportaría a las maltrechas arcas municipales 71 millones. En cambio, dado que Zaragoza no cuenta con remanentes que ofrecer a cambio –condición para acceder a las ayudas–, existe el riesgo de no lograr ni un euro.

El partido, por lo tanto, se juega ahora en Madrid, pero mientras se resuelve, la concejal de Hacienda, María Navarro, encargada de elaborar las próximas ordenanza fiscales, las que establecen las tasas y tributos que tienen que pagar empresas y ciudadanos, prepara diferentes escenarios. En ninguno de ellos, aseguran fuentes del gobierno PP-Cs, se contempla un incremento de la presión fiscal para hacer frente al agujero económico.

Lo que sí incorporarán, previsiblemente, serán bonificaciones y exenciones para los sectores más castigados por la crisis sanitaria. El respaldo a pymes y autónomos viene además marcado por acuerdo por el futuro de la ciudad que firmaron todos los partidos –salvo ZEC y Vox– con los agentes sociales y económicos, una guía que la oposición quiere que no acabe en papel mojado.

La primera gran apuesta en este sentido que aprobó Azcón fue el plan de microcréditos, dotado con 10 millones de euros tras una modificación presupuestaria con la que se reubicaron las partidas que, según la coalición PP-Cs, eran de imposible ejecución en el nuevo escenario.

No será el único cambio en las desfasadas cuentas de 2020, ya que Navarro impulsará este mes otra modificación para hacer acopio de más partidas descabalgadas. También se debatirá el pago de sentencias y revisiones de precios de las contratas, todo ello con el presupuesto del próximo año en el horizonte, que tendrá el reto de hacer frente al agujero económico y al aumento de costes en materia de Acción Social sin desinflar la inversión.

Urbanismo y Contratación

De hecho, algunos proyectos como la reforma de la avenida de Cataluña ya han sucumbido este año a la crisis, pero lejos de tener un otoño tranquilo, el área de Urbanismo prevé dar salida en los próximos meses a la adjudicación de la prolongación de Tenor Fleta, el anteproyecto para la nueva plaza de Salamero, el concurso de ideas para la antigua fábrica de Giesa, la modificación legal para ampliar los usos de los locales vacíos o el plan especial de reforma interior (PERI) de Pignatelli, entre otros.

Por su parte, el área de Contratación tiene que impulsar algunas de las licitaciones más importantes del Consistorio, como son las de la limpieza pública y recogida de residuos, el mantenimiento de los parques y jardines o la zona azul.

En materia de movilidad está pendiente la reordenación de líneas del bus, mientras el gobierno espera el informe de los servicios jurídicos que indique qué medidas tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula dos cláusulas de la concesión del contrato de Avanza.

Finalmente, y tras dar por enterradas las Fiestas del Pilar, el gobierno tiene el objetivo de reactivar la llegada de turistas y la proyección exterior de la ciudad.

La oposición pide reforzar la atención social

Los partidos de la oposición municipal dicen tener claro que la actual crisis sanitaria requerirá de grandes consensos, como el que permitió la firma del acuerdo por el futuro de la ciudad, un documento que quieren hacer valer. Por ello, tienden la mano al gobierno PP-Cs, al que reclaman a cambio diálogo para lograr que la merma de ingresos no se lleve por delante las políticas sociales ni la inversión en los barrios.

«La única forma de salir de esta es todos juntos, no es una cuestión de siglas políticas», comenta la portavoz del PSOE, Lola Ranera. A su juicio, PP-Cs debe priorizar «a las personas y a las empresas». Por ello, los socialistas siguen reclamando un plan de ayudas directas y para el pago de los alquileres de bares y comercios.

Además, la edil pide «fortalecer los barrios» para que «no haya zaragozanos de primera y de segunda», así como bonificaciones en las tasas e impuestos para «mirar por los más castigados». El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, comparte esta idea. «Debemos lograr unas ordenanzas fiscales destinadas a recaudar de quien más tiene para favorecer a quien más lo necesita», apunta el concejal, que también reclama unos presupuestos «que ayuden a la conciliación familiar» y que «inviertan en atención social».

En este sentido, el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, insiste en que el servicio telefónico que puso en marcha el gobierno «ha sido un embudo» y pide reforzar la plantilla de trabajadores sociales. También ve necesario «negociar» con las contratas para evitar el pago de las revisiones de precio y usar dichos fondos para otras necesidades.

En cuanto a Vox, cuyo apoyo será de nuevo necesario para aprobar el presupuesto, su portavoz, Julio Calvo, apuesta por «reducir gastos innecesarios» para afrontar la «dramática merma de ingresos». El edil pide además eliminar el impuesto de plusvalía ‘mortis causa’, crear una oficina sobre la okupación y hacer públicas las cuentas de los grupos municipales.

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