tribunales
Un perito auditor tendrá que aclarar si hubo estafa en una promoción en Arcosur
La Policía ratificó su informe que habla de un fraude de 1,2 millones, pero admitió que puede estar desfasado
Los policías que investigaron el presunto fraude cometido por los impulsores de una promoción de más de cien viviendas en el barrio de Arcosur ratificaron este jueves que la gestora, formada por los investigados José Luis S. G. y Dolores V. V., se apropió de 1,2 millones de euros.
No obstante, el responsable del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura de Policía reconoció ante la instructora que su informe puede estar desfasado o incompleto. Por esa razón, la magistrada Natividad Rapún ha designado a un perito auditor para que diga si los implicados se llevaron o no ese dinero. También deberá aclarar por qué Caixabank, banco que concedió el préstamo promotor, retuvo tres millones de euros que, a juicio de los perjudicados, representados por los letrados Jesús García Huici y Mariano Tafalla, deberían haber servido para saldar las deudas de la comunidad de bienes.
A petición de los abogados personados en la causa, la juez volverá a solicitar a la entidad bancaria, bajo apercibimiento, que entregue la documentación que tiene de toda esta operación desde que comenzó a gestarse en 2008, cosa que hasta ahora no ha hecho.
La sociedad gestora Salas y Vecín entregó las llaves y escrituras de las viviendas de VPO a un centenar de propietarios en 2012. Aunque entonces pensaron que las deudas estaban liquidadas, una constructora y la junta de compensación les reclamaron 1.247.269 euros. Tras denunciar la comisión de una presunta estafa, la Policía investigó y llegó a la conclusión de que la gestora se atribuyó unilateralmente unos honorarios de 4,9 millones de euros. La mercantil puso a su nombre 22 pisos, pero al ser VPO no pudieron inscribirlas en el registro.
Los abogados de la defensa, Juan Carlos Monclús y José Luis Calonge, preguntaron a los agentes si habían tenido en cuenta las cargas hipotecarias, las mejoras en las edificaciones o adelantos de dinero de certificaciones, entre otras cuestiones. Al parecer, según fuentes jurídicas, respondieron que no, por lo que su informe no está completo y se ha solicitado una prueba pericial.
