La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza, Natividad Rapún, interrogó ayer en calidad de investigados a los impulsores de una promoción de más de cien viviendas en el barrio de Arcosur, a los que los compradores acusan de abandonar el proyecto sin hacer frente a una deuda millonaria. Los encausados son José Luis S. G. y Dolores V. V., quienes tras firmar una opción de compra sobre un terreno decidieron promover la construcción de dos bloques de viviendas a través de una comunidad de propietarios y no de una cooperativa. Los pisos se levantaron y las familias viven en ellos desde hace tiempo, pero pensaban que al acabar las obras y disolverse la comunidad estaba todo pagado. Y no era así, ya que la constructora y la junta de compensación les reclaman una deuda de más 1,2 millones de euros.

Los denunciantes ­se sintieron engañados y trasladaron los hechos al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía, lo que dio lugar a la apertura de diligencias penales contra ambos gestores por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. Los compradores de los pisos, a los que representan los letrados Jesús García Huici y Mariano Tafalla, les reprochan una "absoluta falta de información" durante todo el proceso. Les acusan también de asegurarse el cobro de unos honorarios de casi 5 millones de euros y marcharse dejando un agujero contable tan importante.

Sin embargo, durante su larga comparecencia ante la juez, asistidos por los abogados Cristina Ruiz Galbe y José Luis Calonge, los encartados trataron de explicar que todo se hizo conforme a la legalidad y que los principales perjudicados son ellos, ya que aseguran que les quedan por cobrar aproximadamente 800.000 euros en concepto de honorarios. Porque aunque se escrituraron a nombre de su sociedad varios apartamentos y plazas de garaje en concepto de pago, los investigados recuerdan que estas eran viviendas de protección oficial, por lo que nunca les dejaron inscribirlas en el registro (solo puedo ser propietario de un piso protegido una persona física que reúna una serie de requisitos).

José Luis S. G. y Dolores V. V. negaron haber ocultado información a los compradores o que quisieran engañarles al elegir la figura legal de la comunidad de propietarios en lugar de la cooperativa. Según estos, si optaron por la primera fue para garantizar que todo el mundo fuera propietario de una parte proporcional de lo que se compraba desde el primer momento. Sin embargo, los denunciantes creen que se aprovecharon de los poderes que a título individual les concedieron para administrar el dinero a su conveniencia.

Los encausados achacan los problemas a la crisis inmobiliaria –que hizo que varios compradores renunciaran a sus casas, obligando al resto a asumir mayores cargas– y a la gestión que el banco que les concedió el préstamo promotor hizo del último remanente de 3 millones de euros. Según estos, con ese dinero se podría haber dejado la deuda a cero, pero la entidad lo inmovilizó para hacer frente a previsibles descubiertos.