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Zaragoza

investigación judicial

Cien familias afectadas por una posible estafa en Arcosur tratan de saber el destino de 3 millones

Cinco de los perjudicados declararon este miércoles ante la magistrada que investiga la denuncia contra la sociedad gestora que promovió los pisos.

Los afectados viven en estos bloques de Arcosur.
Los afectados viven en estos bloques de Arcosur.
Toni Galán

Cuando en 2012 les entregaron las llaves y las escrituras de sus pisos de VPO, los propietarios de dos bloques del barrio de Arcosur pensaron que solo les quedaba entrar a vivir y pagar sus respectivas hipotecas. 

La sociedad Salas y Vecín, gestora de la comunidad de bienes, les comunicó que estaba "todo liquidado". Pero cuando la empresa constructora Megaria les reclamó 683.421 euros y la junta de compensación otros 563.857, se dieron cuenta de que no era cierto que habían "liquidado" sino que debían, en ese momento, 1.247.269 euros.

Durante el proceso de construcción de los edificios, situados en las calles Dolmen de Tella e Invasores del Espacio, creían que "todos" los pisos estaban vendidos, lo que tampoco era cierto. En realidad, quedaron 22 sin adjudicar que se quedaron Salas y Vecín a cuenta de sus honorarios, aunque luego no las pudieron inscribir en el registro al ser una sociedad limitada y no una persona física.

Luego se percataron de que la mencionada sociedad gestora, según la conclusión a la que llegó después la Policía, había cobrado unos honorarios cercanos a los cinco millones de euros y no había terminado de pagar a la junta de compensación ni a la constructora 1,2 millones.

Mientras tanto, en la cuenta de Caixabank, banco que concedió el préstamo promotor, quedaban tres millones de euros que no fueron destinados a hacer frente a esas deudas.

Ahora, la juez que investiga la presunta estafa, Natividad Rapún, quiere saber el destino que se dio a ese dinero. Por esa razón, ayer suspendió los interrogatorios que tenía previsto tomar a tres empleados de Caixabank como testigos y los emplazó para que acudan a declarar como investigados el próximo mes de diciembre. 

Así lo solicitó el abogado de un nutrido grupo de afectados, Jesús García Huici, puesto que el objetivo es conocer a qué se dedicó ese remanente y quién lo autorizó. Y como las respuestas que hubieran podido dar los citados podrían haber resultado incriminatorias, cuando comparezcan de nuevo lo harán con abogado y procurador. 

A su propuesta se sumó el letrado de más afectados, Mariano Tafalla. También los de los dos únicos investigados hasta ahora, José Luis S. G. y Dolores V. V., representados por José Luis Calonge y Cristina Ruiz Galbe, respectivamente.

A quienes sí pudo escuchar la magistrada fue a cinco de los perjudicados. Uno de ellos, Carlos P., reconocía que había sido "gratificante" haber podido contar por primera vez a una juez lo ocurrido y los perjuicios económicos que siguen sufriendo.

"Estamos pagando hipotecas que no teníamos por qué, como la de una segunda plaza de garaje o los locales de los bajos", manifestó. Añadió que a lo largo de este tiempo han tenido que afrontar otros gastos importantes, como la tasa de agua al Ayuntamiento (24.000 euros), que debería haber estado pagada.

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