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El invernadero de cannabis 'legal' de Tauste puede costar a sus dueños 9 años de cárcel
El juez cree que dieron una apariencia de legalidad a su negocio cuando en realidad querían cultivar cannabis para el mercado ilícito. Ellos insisten en producían cáñamo industrial y han pedido a la Audiencia que archive la causa.
Si la Audiencia de Zaragoza no lo impide in extremis, los empresarios que impulsaron la mayor plantación de cannabis legal de Aragón acabarán sentados en el banquillo de los acusados y enfrentándose a penas de más de nueve años de cárcel por cultivo de sustancias ilegales y pertenencia a organización criminal. Porque el juez de Ejea que instruye la causa no se cree que el cáñamo que cultivaban en una parcela de más de siete hectáreas ubicada en Tauste se fuera a destinar a la fabricación de cosméticos y otros productos industriales, como los investigados mantienen. De hecho, el instructor ha decidido procesar al administrador, cuatro socios y dos trabajadores de la mercantil Unión Verde S. L. convencido de que, en realidad, estaban cultivando cannabis con alta concentración de THC con «la única finalidad» de venderlo en el mercado ilícito.
Como informó HERALDO, fueron los propios dueños de los invernaderos quienes en julio de 2018 se dirigieron a la Delegación del Gobierno en Aragón para denunciar que habían sufrido hasta cinco robos con violencia en apenas una semana. La Benemérita y la Policía Local de Tauste tomaron cartas en el asunto y montaron vigilancias nocturnas en el perímetro de la finca, lo que permitió detener a José Luis A. P. por la presunta sustracción de un centenar de plantas. El hombre fue juzgado hace unos días y se enfrenta a cuatro años de prisión por un robo con violencia continuado y otro en grado de tentativa. Pero la Fiscalía, paradójicamente, no lo acusó de tráfico de drogas.
Gracias a la ayuda de la Benemérita, los empresarios, cuatro de ellos de origen holandés, lograron frenar la oleada de robos. Lo que no pudieron evitar es que el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Comandancia de Zaragoza, sorprendido por el robo de unas plantas que supuestamente no ‘colocaban’, terminara pidiendo unas muestras. Y fue al analizarlas en el laboratorio cuando saltó la alerta, ya que los análisis revelaron que las hojas superaban el índice legal de concentración THC, fijado por la Agencia Española del Medicamento (AEM) en un 0,2%.
Aquello llevó al instructor de la causa a ordenar la incautación y destrucción de toda la plantación: un total de 1.563 kilos de cannabis valorados en 2,1 millones de euros en el mercado ilícito.
Indicios de criminalidad
En su auto de procesamiento, el juez mantiene que existen indicios de criminalidad contra Juan José L. M. (administrador de Unión Verde S. L.), Paul B. K., Albertus C. P., Edward J., Floris H. (todos ellos, socios), Ángel S. L. y Mihai Gabriel I. (empleados). En primer lugar, cita la tonelada y media de cannabis aprehendido y las dos pruebas periciales efectuadas por laboratorios públicos que certificaron que la concentración de THC de las plantas superaba los límites legales. Añade a ello, la ausencia de autorización administrativa de la AEM, la clandestinidad de los trabajadores –«por cuanto ninguna persona fue dada de alta en la Seguridad Social»– y la actitud obstruccionista de los investigados –«escondieron dentro de una vivienda 340 kilos de cogollos»–.
Sin embargo, la defensa, a cargo del letrado José Cabrejas, recurrió el auto de procesamiento y en la vista que se celebró ayer en la Audiencia de Zaragoza trató de desmontar todos y cada uno los indicios de criminalidad que se atribuyen a sus clientes. El abogado insiste en que la concentración de todas las muestras analizadas está «muy por debajo» de la que tiene el cannabis ilícito: entre el 15% y el 25%. Pero va más allá y recuerda la disparidad de resultados que de las mismas muestras obtuvieron los laboratorios de Zaragoza y Madrid (una de ellas dio un THC del 1,36% en un sitio y de un 0,5% en otro) .«Esto evidencia que uno o los dos han hecho de forma incorrecta los análisis», dice el abogado.
Respecto a la autorización de la AEM, la defensa insiste en que esta solo es preceptiva cuando el cultivo no tiene fines industriales. «Y esta los tenía», señala. El letrado niega también cualquier actitud obstruccionista por parte de los investigados.
En cuanto al hallazgo de 340 kilos de cogollos en el falso techo de una vivienda, alega que el objetivo era precisamente el contrario. «Se elevaron al máximo las medidas de seguridad para evitar nuevos robos, motivo por el cual se depositó determinada cantidad de sustancia vegetal en una zona más protegida», indica.
Tras escuchar los argumentos de la defensa, será ahora la Audiencia Provincial la que diga si se archiva definitivamente la causa o se pide a las partes que califiquen para juicio.
