Sucesos
Juzgado por robar 100 plantas de marihuana que no ‘coloca’
El acusado, junto a otras personas no identificadas asaltó presuntamente la única plantación legal de cannabis de Aragón
José Luis A. P, vecino de Tauste, fue la única persona a la que la Guardia Civil relacionó e identificó como presunto autor de una serie de robos que en el verano de 2018 se cometieron en un cultivo de cáñamo industrial. Se trataba de una plantación de 70.000 metros cuadrados que, a pesar de estar en invernaderos, desprendía un notorio olor a marihuana que atrajo a ladrones que pensaban que podían fumar gratis e incluso venderla y hacer negocio.
Entre julio y agosto, personas desconocidas, que ocultaban su rostro con capuchas, accedieron al recinto vallado hasta en cinco ocasiones y sustrajeron 450 plantas. La Fiscalía mantiene que José Luis A. P. se acercó el 25 de agosto de madrugada con su Ford Focus verde metalizado, rompió el vallado, manipuló el alumbrado y accedió al interior y cortó 50 plantas. Operación que repitió el mismo día, según la acusación.
El 1 de septiembre, en compañía de otros dos hombres, armados con barras de hierro y una pistola, se adentraron en la plantación y fueron sorprendidos por el electricista de la misma. "Me apuntaron con el arma y me preguntaron dónde estaba la marihuana seca. Discutían mucho entre ellos y a los diez minutos se marcharon", explicó ayer el testigo. Aseguró que de los tres, uno era bajito y mayor, como el acusado, y que solo le vio los ojos, pero no podía asegurar que fuese él. Uno de los socios de la plantación salió tras los ladrones y logró hacer unas fotos del coche con el que huían (un Ford Focus), aunque no pudo darles alcance.
José Luis A. P. negó rotundamente la autoría y dijo que esos tres días precisamente le había dejado el coche a su sobrino– aunque ignoraba si había ido con él a robar. "¿No le ha preguntado nunca?", le inquirió el fiscal. "No lo veo. Una vez fui a hablar con él pero estaba en un sitio de yonkis y no pude entrar", aseguró.
La Fiscalía solicitó para él dos años de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza y otros dos por tentativa de robo con violencia. Su abogada, Mercedes Lorente, pidió su absolución por falta de pruebas.
Los dueños del cultivo, que recordaron que había carteles en la entrada en los que se indicaba que no era marihuana para fumar, fueron quienes denunciaron los robos y avisaron a la Guardia Civil.
En diciembre de 2018, un juez de Ejea ordenó destruir las 14.000 plantas y abrió diligencias a raíz de que el análisis de unas muestras diera un índice de THC superior al 0,2 % permitido para la industria (el de la marihuana fumada oscila entre el 14% y el 25%). Los dueños están peleando ahora para demostrar que los análisis no están bien hechos, que usaron semillas certificadas que exige la Unión Europea y tenían todos los permisos de la DGA y el Seprona.
