La juez perdona al transportista de Zaragoza que debía entrar en prisión por una sentencia de hace 12 años

No todas las historias tienen un final feliz, pero el zaragozano Juan Carlos Torres confiesa que su «pesadilla» no podía haber acabado de mejor manera, ya que una juez acaba de impedir que entre en prisión por una condena de hace doce años. «Me rompen la vida por un error que cometí cuando era solo un chaval», contaba hace solo unos días HERALDO, explicando que cuando lo juzgaron por apropiarse de varios paquetes que tenía que repartir era un «cabeza loca» de solo 22 años. A pesar de que lo devolvió todo y pactó entonces una pena de 21 meses de cárcel que le suspendieron, la «perversa maquinaria judicial» –decía su letrado– le abocaba ahora a acabar entre rejas. Sin embargo, la titular del Juzgado de lo Penal 8 de Zaragoza, la fiscal y su defensa lo han evitado in extremis.

Los hechos que han estado a punto de costar el ingreso en prisión a Juan Carlos Torres se remontan a 2008, pero fue hace solo unas semanas cuando le llegó una comunicación del juzgado advirtiéndole de lo que se le venía encima. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el zaragozano, que doce años después de flirtear con el delito, es padre de dos niños de 7 y 8 años –de los que es el único sustento económico– y gestiona con éxito su propio negocio de transporte.

¿Cómo ha podido la Justicia tardar más de una década en ejecutar una sentencia? Eso es lo que ni el interesado ni su defensa entienden. «Haber obligado ahora a Juan Carlos a entrar en Zuera hubiera sido desastroso, una perversión del sistema. Han pasado doce años, nada queda de aquel chaval que cometió un delito leve. Además, hace muchísimo tiempo que pagó todo lo que debía», explica su letrado, Javier Rodríguez (Ariza Abogados).

"Haber obligado ahora a Juan Carlos a entrar en Zuera hubiera sido desastroso, una perversión del sistema", dice su abogado

Desde que se hizo cargo de su defensa, en el año 2015, Rodríguez ha apurado todas las opciones posibles para impedir que su cliente fuera ahora a la cárcel. De hecho, fue entonces cuando solicitó su indulto al Consejo de Ministros, logrando que se suspendiera provisionalmente la ejecución de la sentencia. «El Gobierno acostumbra a contestar en un plazo medio de nueve meses, pero no supimos nada sobre nuestra propuesta de indulto hasta finales de 2019. Y encima fue para denegárnoslo», recordaba ayer el abogado del transportista.

Como manifestaba la propia Fiscalía en un escrito dirigido a la titular del Juzgado de lo Penal 8 el pasado 23 de noviembre –solo dos días después de que este diario informara del caso de Juan Carlos Torres–, pese a los «numerosos requerimientos» efectuados por el juzgado, no fue hasta el pasado 23 de diciembre cuando el Ministerio de Justicia comunicó la denegación del indulto, alargando así un procedimiento que para este autónomo se ha hecho eterno. En cualquier caso, el Ministerio Público entendía que poco importaba el pronunciamiento del Consejo de Ministros, puesto que la condena debía declararse legalmente prescrita, apoyando así las tesis de la defensa.

Declara prescrita la pena

Según la Fiscalía, para un delito leve –al transportista se le condenó por apropiación indebida– la prescripción debe producirse a los cinco años. ¿Y a partir de qué fecha empezaba a correr el plazo para producirse la prescripción? Para el Ministerio Público y la defensa, el reloj se puso en marcha en el momento en que el interesado cometió el delito que hizo que se le revocara el beneficio de la suspensión inicial de la pena. Porque al ser condenado en 2008, Juan Carlos se comprometió a no volver a delinquir en tres años, pero se le olvidó que un positivo en alcohol también era delito. Y aquello lo complicó todo.

De todas formas, según las cuentas de la Fiscalía y la defensa, el zaragozano fue imputado por alcoholemia el 27 de noviembre de 2009, por lo que para la misma fecha de 2014 su condena había caducado. De igual manera lo entiende la juez, poniendo así punto y final a una triste historia con final almibarado.