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Zaragoza

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Condenada por intentar estafar a una pareja de Zaragoza en la compra de un apartamento

La Audiencia impone un año y tres meses de prisión a la empleada de una inmobiliaria por falsificar sus firmas.

Detalle de la fachada de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Detalle de la fachada de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Javier Pardos / HERALDO

La Audiencia de Zaragoza ha corroborado en una sentencia que Teresa Gigante Domenech, secretaria del propietario de una inmobiliaria, falsificó las firmas de un matrimonio zaragozano en un documento privado, catorce años después de que hubieran adquirido un apartamento en Vinaroz, con el objeto de requerirles 13.088 euros.

Los magistrados recuerdan que la acusada manipuló un contrato privado con el fin de "engañar al Tribunal Civil y obtener un fallo acorde a sus intereses". "El uso del documento falso ha de ir dirigido para causar el perjuicio de otro", dice la sentencia, que condena a un año y tres meses por el delito de falsedad en documento privado en concurso con el delito de estafa procesal.

En el año 2002, el matrimonio zaragozano compró un apartamento en la Urbanización Cala Montero por el que pagaron 83.000 euros y otros 7.000 fuera de la hipoteca. Pero en el año 2016, la acusada presentó una reclamación civil en los Juzgados de Zaragoza en la que exigía otros 13.088 euros a la pareja. Y lo hacía invocando un supuesto contrato de préstamo a los compradores, que ellos negaron haber firmado (el marido ya ha fallecido, pero su viuda declaró en el juicio).

Cuando compareció en la vista celebrada en la Audiencia de Zaragoza, la compradora declaró que no conocía de nada a la acusada y aseguró que ni su marido ni ella firmaron ningún documento privado reconociendo deuda alguna. Precisó que habían comprado el apartamento en Vinaroz, formalizando la escritura pública, y al día siguiente efectuaron una transferencia a favor del vendedor, de 1.086 euros. Pero no necesitaban abonar más dinero porque "ya estaba todo pagado".

Además, la sentencia da por buena la versión de la compradora, quien dijo que nunca había recibido ninguna llamada de la acusada en los catorce años transcurridos desde la compra del apartamento hasta la interposición de la reclamación civil de la supuesta deuda. De hecho, en esa etapa intermedia habían adquirido un aparcamiento y nadie les había reclamado ninguna deuda.

El matrimonio había comprado el apartamento para alquilarlo y estaba amueblado. En su declaración, la perjudicada explicó que el vendedor les dijo que "tenían que pagar 12.000 euros en dinero negro" y ellos se negaron porque habían pagado todo lo que estaba escriturado.

Tres mil euros por los daños morales

La sentencia da la razón al fiscal y la acusación particular, a cargo del abogado Damián Prieto, porque se centra en los informes periciales de la Policía Científica y un calígrafo que confirmaron la falsificación de las firmas de los compradores por la acusada. "Existe una amplia credibilidad de los funcionarios de Policía en el ejercicio de sus cargos, han sido claros y contundentes en sus razonamientos", concluye la sentencia. Además, le impone 3.000 euros de indemnización por los daños morales.

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