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Condenado a prisión por no devolver un préstamo de medio millón de euros a un amigo de Zaragoza
Acusado y denunciante tenían una relación personal y familiar de "absoluta confianza", de ahí que el aragonés prestara el dinero al cántabro para solucionar un problema "puntual" de solvencia. Catorce años después, aún no ha recuperado los 573.716 euros.
La Audiencia Provincial acaba de condenar a dos años de prisión y al pago de una multa de 3.840 euros al empresario cántabro Arturo Miguel S. V. por no devolver los 573.716 euros que otro empresario de Zaragoza le prestó a finales de 2005 para hacer frente a un «problema puntual de solvencia». Como recuerda la sentencia, ambos se dedicaban desde la década de los 90 a la fabricación de cable y habían desarrollado una relación personal y familiar «de absoluta confianza». De ahí que el prestamista se conformara con documentar el crédito sin exigir al prestatario ningún tipo de garantía personal. Sin embargo, al alargarse los plazos de devolución y ver que no iba a recuperar su dinero, el aragonés acabó presentando una denuncia por estafa e insolvencia punible a través del abogado Javier Osés.
Tras varios aplazamientos, el juicio se celebró el pasado 19 de noviembre en Zaragoza y la Fiscalía se sumó a la petición de cárcel por insolvencia punible para el empresario santanderino.
Tras analizar las pruebas, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial reconoce en su sentencia que, efectivamente, el acusado adeuda al empresario aragonés más de medio millón de euros que ahora le habrá de devolver. Pese a ello, los magistrados consideran que no pueden condenar a Arturo Miguel S. V. por el delito de estafa porque no ha quedado acreditado que este quisiera engañar a su amigo cuando le pidió el dinero. Es más, recuerda el tribunal que el acusado disponía en aquellas fechas de bienes inmuebles con los que hacer frente al crédito. Sin embargo, los negocios del encausado en España se vieron abocados a dos concursos de acreedores dejando una larga lista de damnificados. Entre ellos, el empresario que lo denunció en Zaragoza.
Por lo que finalmente ha condenado la Audiencia Provincial al cántabro –que ahora tiene su residencia enJerez de la Frontera (Cádiz)– es por insolvencia punible. Y lo hace porque los concursos de acreedores de sus empresas fueron declarados culpables y sirvieron para averiguar que había despatrimonializado varias sociedades de forma fraudulenta para evitar el pago de deudas.«Consiguió además ocultar, mediante la creación de empresas en otro país (Marruecos), que era titular de las participaciones sociales de esas empresas, con las que continuaba la actividad industrial que venía desarrollando en Santander», dice el fallo.
Por todo ello, el tribunal le condena a dos años de cárcel, le obliga a devolver el préstamo y le impone las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular, «cuya concurrencia en la causa ha sido de utilidad procesal para dilucidar los hechos».
