conferencia en zaragoza
Javier Zaragoza: "La sentencia del ‘procés’ está bien armada y veo difícil que Europa la tumbe"
El jurista aragonés analizó este jueves en la capital aragonesa el fallo del Supremo e insistió en que el relato
de hechos permitía condenar también por rebelión. Cree que en Cataluña "hay un problema de convivencia, pero no de democracia".
El fiscal Javier Zaragoza, uno de los cuatro representantes del Ministerio Público en el juicio del ‘procés’ se mostró este jueves convencido de que la sentencia del Supremo no tendrá problemas para superar el análisis «con lupa» al que la someterán el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «El fallo está bien armado y veo difícil que Europa lo tumbe», afirmó, sabedor de que los independentistas van a apurar todas las opciones legales para impugnarlo.El jurista aragonés avaló la resolución del que consideró «el juicio más importante de la historia democrática de España» durante una conferencia celebrada este jueves en el salón de actos del Patio de la Infanta de Ibercaja, organizada por HERALDO DE ARAGÓN y ante un foro de más de 400 invitados.
Para Javier Zaragoza, nacido en Alcorisa en 1955, la sentencia ha servido «para desmontar los mantras que el independentismo ha extendido como la pólvora utilizando su potente aparato mediático» y para demostrar que «en Cataluña no hay un problema de democracia sino de convivencia». Sin embargo, el jurista aragonés –uno de los cuatro que representaron al ministerio público durante las 52 sesiones del juicio–, no pudo ocultar ayer la frustración que le produce que el tribunal acabara condenando a los procesados por sedición y no por rebelión, como perseguía la Fiscalía. Máxime, cuando entiende que los hechos declarados probados por los magistrados en la sentencia «hubieran permitido hacerlo».
«El Supremo reconoce que existió violencia, aunque no fuera armada ni grave. Sin embargo, dice que para apreciar el delito de rebelión debía darse una violencia instrumental y funcional, es decir, que permitiera alcanzar un fin», explicó Zaragoza. «El tribunal deduce que no hubo riesgo suficiente para el sistema constitucional, pero eso es algo discutible», añadió.
Para hacer visible el peligro al que estuvo expuesto el país, el fiscal de sala del Supremo recordó que el 1 de octubre de 2017, cuando la Generalitat convocó a los catalanes a votar, «se produjo una situación extraordinariamente grave, hasta el punto que obligó a intervenir al Rey y forzó al Gobierno de España a enviar miles de policías y guardias civiles a Cataluña para restablecer el orden».
Dos golpes de Estado: 23-F y 1-0
Contestando a las preguntas que tras la conferencia le hicieron el director HERALDO, Mikel Iturbe, y el periodista Ramón J.Campo, Javier Zaragoza no tuvo reparos en calificar lo ocurrido el 1-0 como un «golpe de Estado», en los mismos términos que el 23-F. «Existen similitudes y diferencias. Pero ambos pueden considerarse golpes de Estado. El del 23-F buscaba sustituir al gobierno de la nación, no sabemos con qué alcance. Con el de Cataluña se pretendía romper el orden territorial. Allí se usaron armas y hubo unidades militares. Aquí no hubo armas, pero sí violencia. La principal diferencia es que el del 81, con aquella democracia incipiente, sujeta a control y vigilancias, hizo que esa democracia saliera fortalecida gracias a la unión de los partidos políticos. Ahora ha sido bien distinto, ya que estos acontecimientos han provocado una fractura tremenda», insistió.
El jurista de Alcorisa aprovechó su intervención de este jueves en Ibercaja –por la mañana dio también una charla-coloquio en el Círculo Aragonés de Economía– para advertir del riesgo que entraña intentar politizar la Justicia. «Trasladar a la Justicia los problemas de la política no es recomendable, pero esto ocurre cuando los políticos tratan de resolver sus diferencias en el marco penal», señaló.
En la misma línea, Zaragoza recordó que las buenas relaciones entre política y Justicia «descansan en el respeto entre ambas». Para el representante del Ministerio Público, todo es defendible en la esfera política, incluso los anhelos independentistas, «pero dentro de la legalidad». Porque, como insistió Zaragoza: «Los derechos políticos tienen también unos límites, que pasan por el cumplimiento de los mandatos constitucionales».
Gran salud democrática
En ese necesario equilibrio entre poderes y refiriéndose a lo ocurrido durante el ‘procés’, el fiscal del Supremo quiso dejar claro que «no actuar frente a conductas delictivas so pretexto de que la Justicia no debe inmiscuirse en la política hubiera constituido una irresponsable dejación de funciones y una quiebra de los fundamentos básicos del Estado de derecho».
En cualquier caso, y contrariamente a lo que, dijo, quieren hacer creer los independentistas fuera de España, el jurista turolense cree que el país goza de una «gran salud democrática». Y eso, apostilló, es consecuencia de la Constitución de 1978, «que ha convertido a España en una de las 20 democracias más avanzadas del mundo».
