"Si realmente este hombre fue violado, ¿por qué no pidió una prueba de ADN?"

Los forenses y los psicólogos del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) mostraron la semana pasada serias dudas sobre la credibilidad de la denuncia por violación presentada en septiembre de 2017 por un discapacitado mental tutelado por la DGA: los primeros, porque no hallaron ninguna herida o daño que pruebe la supuesta agresión sexual; los segundos, porque aseguran que el denunciante trató de engañarles cuando lo entrevistaron y consideran que se trata de una persona con tendencia a "magnificar" las cosas.

Sin embargo, las valoraciones de estos especialistas no condicionaron ayer a la Fiscalía, que apoyándose en el relato de la víctima, de 48 años, y el de otros testigos reiteró su petición de 13 años de cárcel para el encausado: L. B., de 70 años. La acusación particular, de la que se encarga el letrado Iván Sanz Burgos por encargo de la comisión que tutela al denunciante, fue incluso más lejos y pidió 18 años y medio, ya que al delito de violación añadió otro de abusos continuados.

Según la denuncia presentada por el incapacitado, los hechos que han sido enjuiciados por la Audiencia de Zaragoza se produjeron entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2017 en una nave de Sobradiel. Su propietario y ahora acusado explicó durante la primera sesión del juicio que tenía allí alojado a este hombre "por caridad y compasión", ya que parece que la relación de este con su familia no era buena y no tenía otro lugar donde vivir. Lo que negó rotundamente el empresario es que el 1 de septiembre, aprovechando que el discapacitado estaba en el baño, lo inmovilizara y lo penetrara analmente, que es de lo que se le acusa.

Para la fiscal, hay pruebas suficientes para condenar al encausado por violación. «Resulta indiferente que la víctima sea hombre o mujer, basta con que la violencia e intimidación ejercida por el agresor sea la idónea», señaló la representante del ministerio público durante su informe. "Y no podemos olvidarnos de que estamos ante una persona con una discapacidad mental del 40% (a la que se suma otra por inadaptación social del 15%) que carece de sustento familiar", añadió, insistiendo en su vulnerabilidad.

Según la acusación pública, «por más que se trate de hacer ver que tras la denuncia hubo un intento de venganza, no hay ningún móvil espurio». "Es cierto que el acusado reprochó a la víctima que metiera en la nave un perro o dejara entrar a determinadas personas –explicó la fiscal al tribunal–, pero esto sucedió varios meses antes y ya estaba aclarado. Eso no le hizo fabular la denuncia".

Siguiendo este mismo hilo argumental, el abogado Iván Sanz consideró "lógico" que la víctima no se resistiera: "Es una persona muy vulnerable", repitió. Para la acusación particular, resulta revelador que el denunciante no durmiera la noche de los hechos en la nave, "cuando siempre lo había hecho durante seis años". En cuanto a los informes forenses, para esta parte estarían "completamente intoxicados". "La psicóloga detectó que el denunciante ocultaba ciertas habilidades, como que sabía escribir y leer, y a partir de ahí puso en duda todo", dijo.

La defensa, a cargo de Enrique Trebolle, lanzó una pregunta al aire: "Si realmente este hombre fue violado, por qué no pidió una prueba de ADN". Para el penalista, los forenses dejaron claro que fue todo una "mera fabulación". "Lo que no entiendo es que se dude ahora de las valoraciones de unos profesionales que fueron designados por el juez", dijo. Recordó que su cliente padece una disfunción eréctil que le "hace imposible" mantener relaciones sexuales y pidió al tribunal que valore el investigar al incapacitado por denuncia falsa.

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