solidaridad
Cáritas de Zaragoza alerta de la “alarmante precarización” de las viviendas
El número de personas atendidas por la entidad que residen en habitaciones o pisos realquilados aumentó un 7,2% el año pasado.
Hay un nuevo perfil de pobre que tiene trabajo y estudios pero que no llega a cubrir sus necesidades básicas como consecuencia de unos empleos precarios, muy temporales y con bajos salarios. Además, cada vez son más las personas tanto españolas como de otros países que no pueden acceder a una vivienda digna y se está detectando un preocupante incremento de extranjeros en situación de irregularidad jurídico administrativa. Son solo algunas de las conclusiones que ha extraído Cáritas Diocesana de Zaragoza de la memoria de acciones desarrolladas en 2018 que ha presentado este martes. Además ha dado a conocer su campaña institucional del día de la caridad que este año lleva por lema ‘Pon en marcha tu compromiso para mejorar el mundo’.
La pobreza crónica persiste y así lo vuelven a constatar el número de personas que atendió el año pasado Cáritas Diocesana de Zaragoza. La oenegé acompañó y prestó sus servicios a un total de 3.727 familias, algunas más que en 2017 cuando fueron 3.712, y a 8.793 personas, frente a las 9.052 del año anterior. De estas familias, el 41,1% acudieron por primera vez a la oenegé. Por otra parte, las ayudas directas a familias para alimentos, ropa, alimentación, vivienda, salud y educación aumentaron considerablemente de 9.024 a 9.809 y su importe económico también creció de 1.120.688 euros a 1.214.534,75 euros.
Las dificultades para acceder a una vivienda digna es uno de los temas que más preocupa a la entidad, tanto que ha alertado de su “alarmante precarización” y, por tanto de la calidad de vida de las personas, ha comentado Cristina García, secretaria general de Cáritas de Zaragoza. De los usuarios que acogió el año pasado, cuatro de cada 10 hogares residían en viviendas alquiladas y un elevado 17,4% en habitaciones o pisos realquilados, lo que supone un 7,2% más que el año pasado.
“A pesar de los esfuerzos que pueden estar haciendo las administraciones, los recursos son insuficientes y el sistema no tiene la agilidad necesaria para dar respuesta a las situaciones que se están generando”, ha dicho García. Asimismo ha señalado que el origen de esta dura realidad hay que buscarlo tanto en “el funcionamiento del mercado libre, la oferta y la demanda”, como en el incremento de la llegada de familias nuevas como las “dificultades” que tienen muchos ciudadanos para asumir un alquiler “con empleos precarios y salarios bajos”.
Cáritas también ha mostrado su preocupación por la presencia cada vez más de inmigrantes en situación de irregularidad jurídica administrativa, lo que, entiende, agrava su situación de “extrema vulnerabilidad”. Tres de cada 10 personas extranjeras que atendió en 2018 se encontraban en esta tesitura, lo que supone un 10% más que en 2017. “La realidad de la movilidad humana forzada está presente y hay un colapso en las oficinas que tienen que acoger a las personas que llegan en los flujos migratorios, pese a los esfuerzos que se puedan estar haciendo. Hay personas que se están quedando en el limbo”, ha señalado la secretaria general de la institución.
La cada vez mayor presencia de inmigrantes procedentes de países latinoamericanos como Nicaragua, Colombia y Venezuela es una de las tendencias que se repite en los últimos años. Las proporciones de españoles y extranjeros que pasan por la organización son muy similares. El 45,6% fueron el año pasado españolas y el resto, extranjeras. De los que han llegado hasta Cáritas Diocesana, los marroquíes son son los más numerosos, seguidos de nicaragüenses (10%), rumanos (8,2%), colombianos (7,7%), senegales (6,8%), guineanos (6,3%), argelinos (5,2%) y ecuatorianos (5%).
El presidente de Cáritas Diocesana, Carlos Gómez, que ante la nuevas formas de “exclusión social”, que muchos viven en silencio, esta entidad aboga por denunciar las situaciones de injusticia “muy cercanas a nosotros que a veces pasan desapercibidas” y comprometerse en la consecuencia de una sociedad “más justa y equitativa donde no se violen constantemente los derechos humanos”.
