El Monopoly de los carteles electorales

De una calle a otra, y tiro porque me toca. Se conoce que el paseo de Sagasta es territorio del PAR pero, al doblar la esquina, en Gran Vía ya solo ondean banderolas del PP. ¿Cómo se reparten las calles los partidos? ¿Por qué los pósters están a distintas alturas? Los que siguen optando por cartelería blanda en lugar de rígida, ¿es que no saben lo que es el cierzo?

El Monopoly electoral, como cualquier juego de mesa, tiene también su manual de instrucciones en forma, esta vez, de ley orgánica. Concretamente la 5/1985 del Régimen Electoral General, que en su artículo 55 explica cómo los ayuntamientos tienen que reservar lugares gratuitos para que se coloquen carteles en postes y farolas –eso sí– solo en espacios habilitados.

Antes de la campaña, la Junta Electoral de Zona se reúne con representantes de los partidos para repartir tanto el callejero hábil para poner banderolas como los espacios públicos en los que se pueden hacer mítines o presentaciones (con el ‘overbooking’ del Balcón de San Lázaro ha habido apuros este año).

Hasta hace poco el reparto de calles se hacía por distritos, pero ahora se ofrece un listado global de paseos y avenidas, en el que –eso sí– se procura que estén representados todos los barrios. Las calles seleccionadas son aquellas de mayor tránsito o más visibilidad, y los grupos que tiene preferencia para elegir los lugares donde colocar su propaganda son los que consiguieron un mayor número de votos en las anteriores elecciones.

¿Quién comienza la subasta zaragozana? El primero en elegir fue el PP, que pudo escoger su calle ‘estrella’ y optó por el paseo de María Agustín, si bien en segunda y tercera ronda se hizo también con la avenida de José Atarés y con Goya. Después –como si fuera del ‘draft’ de la NBA– siguieron el PSOE, Podemos, PAR, Ciudadanos, CHA e IU, y este mismo orden los partidos se fueron ‘pidiéndose’ calles hasta que se agotó el listado.

También hay carteles colocados de forma manifiestamente ‘irregular’ –las bridas y la cinta aislante lo evidencian– y otros que, sospechosamente, han pervivido durante casi dos meses (los de Vox) pues han enlazado las elecciones generales con las autonómicas. Sobre la propaganda aparentemente ‘alegal’, los partidos se limitan a decir que ellos "no saben nada" y que debe ser cosa de sus "traviesos simpatizantes". Hay que recordar que en los anteriores comicios municipales se multó a Unidos Podemos por colocar pegatinas y carteles en lugares no autorizados, lo que requirió que actuara la contrata de limpieza. Aunque los costes para retirar la propaganda ascendían a 1.700 euros, ZEC solo trasladó una sanción de 60 euros.

Una de las claves, según comentan los jefes de campaña, es situar la cartelería a una altura que permita que se vea bien, sobre todo, por parte de los conductores. Así, en el puente de Santiago los carteles de Violeta Barba y Maru Díaz están bajitos, a ras de barandilla, lo que puede arruinar las fotos de los turistas japoneses, pero facilita que los usuarios del tranvía reconozcan los retratos. Con este sistema, los partidos minoritarios o de nueva creación llevan las de perder, aunque también han de dar una vuelta de tuerca al ingenio como ha sucedido en Madrid con Carmena y Errejón, que han sorteado el veto a sus carteles llenando los balcones de vecinos afines con sus eslóganes.