La aprobación de la ordenanza municipal de contaminación acústica de la capital aragonesa quedará en manos de la próxima corporación que salga de las elecciones del 26 de mayo. La prolongada tramitación, las dificultades para alcanzar un consenso entre las partes afectadas y la premura de la cita con las urnas dejan al gobierno de ZEC sin uno de sus legados. Por ello, la Plataforma de Afectados por el Ocio Nocturno de Zaragoza criticó ayer el «abandono» que a su juicio han sufrido por parte del Ayuntamiento y advierten de la posibilidad de acudir a los tribunales para denunciar la «vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos».

Así lo manifestaron a través de un acto y con un comunicado público posterior coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Desde dicha plataforma, que agrupa a diferentes colectivos vecinales y entidades sociales de la ciudad, en especial del Casco Histórico, aseguraron sentirse «engañados y manipulados» por el Consistorio, ya que consideran que «los expertos han realizado un buen texto que ha pasado todos los filtros necesarios y ahora se tira por la borda jugando con los calendarios».

Desde el gobierno de ZEC, en cambio, aseguran que «la tramitación de la ordenanza sigue su curso» y que en la actualidad «los técnicos municipales están revisando las alegaciones que se presentaron» al texto original. De hecho, destacan el «trabajo realizado» durante el actual mandato, como la reducción del tráfico rodado en los puntos de Zaragoza donde generaba más contaminación acústica, la licitación del nuevo mapa del ruido, y la preparación y próxima puesta en marcha de programas como el de ‘En calma te quiero más’, que desplegará a informadores por las zonas de marcha para corregir actitudes ruidosas en las calles.

Vecinos contra hosteleros

El fondo de la cuestión radica en el conflicto entre los vecinos y los hosteleros, principalmente del Casco Histórico. El Consistorio inició la tramitación de la ordenanza de contaminación acústica –tenía entre otros objetivos adaptarla a la normativa europea– de la mano de las asociaciones de afectados por el ruido.

Sin embargo, el sector hostelero se unió para alzar la voz ante una regulación que, a su juicio, ponía en jaque el futuro de sus negocios. En ese momento, la entonces concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, se reunió con sus portavoces y amplió los plazos para incluir sus alegaciones, que ahora están siendo revisadas por los técnicos. «No es una cuestión de voluntad política», aseguran fuentes del gobierno. En cambio, desde la plataforma de afectados dicen no entender por qué en otras regulaciones como las de los patinetes «sí se actúa con diligencia» y no así con el conflicto del ruido.