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ZEC da un ultimátum a la DGA por los antiguos juzgados de la plaza del Pilar

El Ayuntamiento pide el uso conjunto de las instalaciones o la reversión de varias parcelas en el plazo de un mes o acudirá a los tribunales.

Las obras de remodelación afectan a la parte nueva del inmueble vacío desde 2013.
Trasera del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.
G. Mestre

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado un ultimátum al Gobierno de Aragón para que, en el plazo de un mes, haga entrega a la ciudad de parte de los edificios que conformaban los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. De lo contrario, el concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha anunciado que acudirá a los tribunales para “defender el patrimonio de los zaragozanos”.

Esta advertencia no es sino una medida de presión para que la DGA acepte y ejecute el acuerdo que, según Muñoz, alcanzaron ambas administraciones hace más de dos años, por el cual el Consistorio renunciaba a parte de los terrenos que le correspondían a cambio de hacer un uso conjunto de las instalaciones, en las que el Ejecutivo autonómico acaba de inaugurar la nueva sede del IASS, y en las que el gobierno de ZEC propone compartir espacios para servicios sociales y vecinales.

“Era un acuerdo ecuánime”, ha destacado el edil, para quien con esta fórmula, en la que el Gobierno de Aragón prestaría servicios en horario de mañana, y el Ayuntamiento de tarde, “se devolvería el dinamismo al Casco Histórico que se le hurtó con la salida de los juzgados”.

“Se devolvería el dinamismo al Casco Histórico que se le hurtó con la salida de los juzgados”

Si en el plazo de un mes no se resuelve el conflicto, ZEC acudirá a los tribunales a reclamar parte de las parcelas afectadas, que según defiende el Ayuntamiento, son propiedad de la ciudad por derecho propio. En concreto, se trata de la cesión del suelo y vuelo de una finca de 1.966 metros cuadrados colindante a la propia plaza del Pilar y otros dos terrenos de 905 y 125 metros cuadrados correspondientes a las calles de Las Danzas y Convertidos, que Zaragoza entregó en 1956 y en 1986 para su uso como equipamiento judicial.

Según ha explicado el titular de Urbanismo, la cesión tenía una vigencia de 30 años siempre y cuando se mantuvieran dichos usos judiciales. Por ello, ahora se reclama su reversión, aunque solo sea como medida de fuerza, ya que el Consistorio prefiere aplicar el acuerdo de uso común. “Lo paradójico es que vamos a tener que pedir algo que no nos interesa, es más razonable la utilización conjunta”, ha reconocido Muñoz.

En cualquier caso, si se materializa la demanda en los tribunales, el Ayuntamiento reclamaría por varias parcelas que afectarían directamente a los equipamientos que acaba de inaugurar la DGA, por lo que se abriría un largo y complejo proceso judicial.

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