La fiscal del caso de La Muela, María Victoria Esponera, reiteró uno por uno los trece delitos que atribuye a la exalcaldesa María Victoria Pinilla por los que exige 25 años y medio de prisión, 75 años de inhabilitación y multas que suman 19 millones de euros.

Esponera fue la encargada este miércoles de abrir el turno de informes de las acusaciones contra las ocho personas que se sientan en el banquillo (ayer retiraron los cargos contra Francisco Aramburu) y a lo largo de tres horas desgranó las pruebas que, a su juicio, pesan sobre Pinilla y el resto.

No obstante, antes dejó claro que, en su opinión, no existe causa de nulidad alguna, como reclaman las defensas en relación a las escuchas telefónicas sobre las que se montó gran parte del macroproceso. Tampoco procede la atenuante de dilaciones indebidas (la causa se abrió en diciembre de 2008), puesto que el retraso, dijo la fiscal, no es achacable a la administración de Justicia sino, en todo caso, "a la contumaz negativa de Pinilla a designar un abogado de oficio".

La representante del ministerio público comenzó por el delito de cohecho que presuntamente cometió Pinilla en relación a las comisiones y regalos que recibió por parte de Julián de Miguel, administrador de Aranade S. L., la mercantil que gestionaba la Sociedad Urbanística de La Muela. "Se hicieron una serie de contrataciones irregulares y arbitrarias mantenidas en el tiempo, producto de un interés privado y particular de María Victoria Pinilla frente a los intereses municipales", afirmó.

La fiscal citó el documento con el membrete de "resumen de pagos hasta la fecha" que fue encontrado en casa de la acusada y en las oficinas de Aranade. En él se detallaban pagos por 2,8 millones de euros hechos a Pinilla y a su familia tanto en regalos tanto en metálico como en especie.

Con estas ganancias, según la acusación, el entonces matrimonio Embarba-Pinilla adquirió numerosas propiedades (un chalé en Sotogrande o una mansión en la República Dominicana, entre otras) y de esta manera introdujo el dinero en el mercado lícito cometiendo un delito de blanqueo de capitales. La fiscal rechaza que Pinilla no se enterara de nada de lo relacionado con su patrimonio personal y que fuera su marido el que se encargara de llevar la casa, mientras ella se dedicaba a su tarea al frente del Consistorio.

Igualmente, Esponera expuso que la exalcaldesa cometió actos arbitrarios para vender suelos a determinadas empresas sin pasar por subasta pública, cobrando comisiones y causando un perjuicio al Ayuntamiento de La Muela.

También la acusa de vender terrenos a un precio inferior de mercado, como hizo con la empresa Construcciones Sagain de Ignacio Unsain, que en un mes compró a la sociedad urbanística municipal parcelas a 150 euros el metro cuadrado y las vendió dos meses y cuatro días después a 826 euros el metro cuadrado, lo que le generó unas ganancias de 5.131.000 euros.

Las reiteradas llamadas que la exalcaldesa efectuó a políticos que entonces estaban en el gobierno como Alfredo Boné, Carlos Esco o Arturo Aliaga para lograr que la Comisión de Ordenación Territorial diera el visto bueno al controvertido plan SR1 y la circunvalación de La Muela también salieron a relucir, así como los 250.000 euros que entregó en una bolsa de plástico al empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado para compensar las pérdidas que estaba teniendo por la tardanza en aprobarse el plan.

"Fue una presión contumaz de María Victoria Pinilla para llevar a cabo sus objetivos", señaló. El presunto delito de fraude cometido con la subvención del Instituto Aragonés del Agua –que reclama 432.737 euros por obras pagadas y no realizadas- o el contrato con Antonio Fando y su empresa NTA para gestionar el agua en La Muela fueron otras acusaciones que defendió la fiscal.

Hoy jueves será el turno de los abogados defensores y el juicio puede quedar visto para sentencia.