De Miguel alega que "regaló" dinero a Pinilla por "gratitud y compromiso moral"

Julián de Miguel, gestor del urbanismo de La Muela desde 1997 a 2002, reconoció este martes en la Audiencia Provincial que durante esos años se hizo cargo de distintos gastos de la familia de la exacaldesa María Victoria Pinilla por importe de 2.288.000 euros. Aseguró que lo hizo por "gratitud" y por su "interés"en mantener el contrato del Consistorio con su empresa Aranade, que le reportó grandes beneficios en esa época.

"Nadie me exigió nada, yo lo hice por propia voluntad. Mi único interés era continuar con la gestión con una condición -manifestó- que no se metieran en lo que yo negociaba". Las afirmaciones de Julián de Miguel no son nuevas, puesto que ya admitió estos hechos en el juicio celebrado en 2016 contra los 40 acusados en la Operación Molinos.

Aquella vista oral se saldó con una veintena de condenas, entre ellas la suya. De Miguel reconoció entonces seis delitos (uno de cohecho, otro de blanqueo, tres fraudes fiscales y uno de exacciones ilegales) que le supusieron un total de 6 años y 8 meses de cárcel.

El Tribunal Supremo anuló parcialmente el juicio, por la indefensión causada a María Victoria Pinilla, y ordenó que se repitiera contra ella y ocho acusados más: Julián de Miguel, sus hijos David y Julio; los empresarios Juan Ignacio Unsain y Antonio Fando; el intermediario inmobiliario Francisco Aramburu, el exconcejal Fernando Barba y el exdirector de la sucursal de Cajalón en La Muela Alberto Lozano.

Ahora, De Miguel responde solo por un presunto delito de exacciones ilegales. El gestor de Aranade, admitió que elaboró un documento manuscrito llamado ‘Resumen de pagos hasta la fecha’ en el que figuraban cuestiones referentes, por ejemplo, a la compra de vehículos para los hijos de Pinilla, obras en casas y bodegas o regalos.

Las acusaciones mantienen que la exalcaldesa y su exmarido usaron ese dinero para amortizar créditos (87.500 euros), comprar inmuebles (1.400.000 euros), fondos de inversión o pensiones (84.000 euros), cosa que Pinilla volvió a negar ayer. 

De Miguel admitió igualmente que pagó al entonces matrimonio Embarba-Pinilla 1.256.000 euros por los beneficios de la venta de una parcela en el sector SR1 de La Muela a través de su empresa Tudela de Gestión Inmobiliaria (TIG).

Juan Antonio Embarba y la exalcaldesa habían tenido participaciones en TIG pero, según declaró María Victoria Pinilla, cuando se enteró de que podía comprar terreno en La Muela puso "el grito en el cielo", le dijo que se quitara "eso de en medio" y las revendiera rápidamente. Así lo hicieron, pero, a pesar de ello, De Miguel, por una "cuestión de conciencia" y "compromiso moral", decidió repartir después con el matrimonio los beneficios de esa venta.

La exalcaldesa aseguró al tribunal que ella no estuvo al tanto de esa historia, aunque sí recordaba que se revendieron las participaciones por 221.000 euros, el mismo precio al que las adquirieron, y "no supo nada más".

Julián de Miguel, a preguntas de su letrado, Enrique Trebolle, asumió todas las decisiones tomadas por su empresa Aranade y eximió a sus hijos David y Julio, a quienes se les imputa un delito de fraude fiscal porque aparecen como vendedores y compradores de las participaciones de TIG.

"Las decisiones eran exclusivamente mías", dijo y añadió: "Mis hijos solo tenían la firma, porque para eso son mis hijos, pero quien gestionaba el equipo era yo". Aseguró que entonces llevaba unas 40 sociedades y en su despacho había trabajando unas 75 personas.

También fue interrogado en relación con la venta de un terreno que la Sociedad Municipal de La Muela hizo a Ebrogan (empresa del fallecido Arturo Beltrán) supuestamente a un precio inferior al de mercado. De Miguel lo desmintió –"El precio fue un euro más caro que al resto"– y reconoció que cuando Aranade adquirió a Ebrogan una parcela segregada de la anterior, se la vendió al mismo precio porque no quiso ganar dinero con él por "amistad". 

Durante la jornada de este martes fue interrogado el empresario Juan Ignacio Unsain, propietario de Sagain, sociedad que invirtió en terrenos en La Muela y alrededores unos 200 millones de euros. A la Policía le llamó la atención una operación inmobiliaria (o 'pelotazo') en la que la empresa compró una parcela con suelo urbano consolidado y una parte de no consolidado por 1,7 millones. La parte consolidada la revendió en muy poco tiempo a la promotora inmobiliaria Lanuza por 4,7 millones y la no consolidada por 2,1, a la misma promotora.

El acusado explicó al tribunal que aunque sobre el papel las ganancias fueron de casi 5 millones no fue un beneficio real, ya que el acuerdo con Lanuza fue una permuta de viviendas en un plazo de tres años.

"En aquellos años todos, las promotoras, las entidades bancarias, casi nos empujaban a comprar y las agencias de tasación tasaban por lo alto y todos encantados", declaró. "Y así estamos", le contestó la fiscal del caso.

Los acusados negaron haberse puesto de acuerdo o concertado para perjudicar al Ayuntamiento de La Muela. La vista continuará este miércoles.