El juicio del caso Plaza ha entrado en su recta final, ya que los testigos y periciales se acaban y a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones solo les restan unos días para apuntalar los cargos contra los tres únicos encausados que siguen en el banquillo: el que fuera consejero delegado de la sociedad Carlos Esco y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría. El tribunal ha citado ya a todas las partes, incluidas las defensas de aquellos acusados que firmaron conformidades, para que comparezcan el próximo día 30 de enero. Porque ese día pretende que empiecen a emitir sus informes, último trámite antes del ansiado: "Visto para sentencia".

Por cómo se desarrollaron los interrogatorios, podría decirse que la de ayer fue una sesión propicia para Carlos Esco, quien se enfrenta a 7 años y medio de prisión por malversación y otros delitos. La Policía puso el foco sobre él a raíz del controvertido correo "miserias", un email hallado en el ordenador del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril en el que atribuía al político socialista una serie de irregularidades.Entre otras, una mediación directa para que su supuesto amigo y encausado Miguel Ángel Floría cerrara varios contratos con Plaza.

Sin embargo, el destinatario de aquel correo electrónico y miembro del consejo de administración de la sociedad pública, José Luis Marqués, restó ayer importancia penal al contenido de dicho escrito. "Allí se hablaba de indicios, pero de ninguna certeza. Lo único que quedaba claro es la tensa relación que existía entre Becerril y Esco", aclaró. En cualquier caso y para despejar dudas, Marqués dijo que habló con el entonces presidente del consejo, Javier Velasco, y le puso al corriente.

Cuando compareció después ante el tribunal, el que fuera también consejero de Obras Públicas de la DGA con Marcelino Iglesias confirmó que recibió una "muy pequeña información" del contenido del email "miserias" por boca de Marqués. "Pero hablé después conEsco y me explicó con más detalle las acusaciones que Becerril vertía contra él en ese correo", señaló ayer Velasco. "Me consta que fue un calentón del gerente de Plaza, porque así lo reconoció al final él", añadió.

Pero quería quedarse más tranquilo y el presidente del consejo de administración de Plaza reconoció que hizo alguna otra gestión "para contrastar qué grado de veracidad podían tener las acusaciones que se hacían en aquel email". "Y comprobé que todos los contratos de los que Becerril hablaba habían pasado por el consejo y habían obtenido su respaldo", manifestó Velasco. "Además, había algo que no encajaba. Por ejemplo, si Becerril no estaba de acuerdo con la compra de los terrenos de Sanedí –operación que la Policía atribuyó a Esco y definió como un auténtico "pelotazo", por el alto precio que se pagó por ellos al propietario–, ¿por qué defendió él mismo la propuesta un mes antes ante el consejo?", se preguntó.

Velasco aseguró que la decisión de adquirir aquel suelo fue "colegiada" y no de Esco y la consideró "esencial" de cara a desarrollar los suelos ferroviarios de Zaragoza "en un momento tan importante como la llegada del AVE en 2002".

Mayayo vuelve a la carga

Pero este lunes estaba también citado a declarar Chabier Mayayo, el trabajador de Acciona que denunció los supuestos chanchullos en Plaza ante la Fiscalía Anticorrupción. Y como el resto de encausados ya firmaron sus conformidades, este se centró en Esco y Floría. "Cuando había que subcontratar algún trabajo, lo habitual era que la UTE pidiera al menos tres presupuestos.Pero a Floría se le encargaba directamente, porque era amigo de Esco.Eso es al menos lo que yo escuché por boca de José María Jordán –gerente de la UTE– y otros", declaró el testigo.

El inspector jefe del Grupo Operativo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, que también declaró ayer ante el tribunal, insistió en que la factura de 58.000 euros que Agapito Iglesias abonó a las hijas de Becerril por un supuesto informe fantasma no fue sino el "peaje" que este y otros empresarios pagaron para poder trabajar en Plaza. "Siempre es mejor justificar con aparente legalidad este tipo de pagos, que no pagar con sobres", manifestó.