El casi cuarto de siglo que ejerció como alcaldesa de La Muela hicieron de María Victoria Pinilla una ‘maestra’ de la política municipal. El rosario de procedimientos judiciales en los que se ha visto envuelta después han hecho que se maneje con una soltura pasmosa en los banquillos. Sin embargo, hasta su propio abogado, Santiago Palazón, tuvo que recordarle ayer a la exregidora que su papel ya no era el de coronel sino el de soldado raso. "Estamos en una sala de vistas y ahora le toca a la jueza desempeñar esa función", le dijo, comprobando que la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza no estaba dispuesta a consentir a Pinilla que les apabullara con su fluido discurso. "Limítese a responder a las preguntas", le insistió.

La exalcaldesa de La Muela regresaba ayer al banquillo como presunta autora de un delito de prevaricación y otro de usurpación, ya que tres vecinos acusan al Ayuntamiento de apropiarse de una finca de su propiedad de casi 51.000 metros cuadrados en el año 2004, cuando ella dirigía los designios del municipio. La Fiscalía y la acusación particular, a cargo de los letrados Carlos Moreno Soriano y Luis Martín Mareca, le piden una multa de hasta 25.920 euros y una inhabilitación de 9 y 10 años, respectivamente. Pero peor paradas incluso podrían resultar las arcas municipales, puesto que los querellantes están reclamando 6,5 millones de euros por la parcela en discordia.

Según las acusaciones, a sabiendas de la ilegalidad, la alcaldesa ordenó incluir en la urbanización del Sector I del PGOU (zona norte del Alto de La Muela) el terreno que pertenecía a los querellantes. Pero Pinilla negó ayer tajantemente esta acusación. "Yo nunca di tal orden. Ni siquiera sabía que el Ayuntamiento había aportado esos terrenos como suyos a la junta de compensación", declaró.

Hasta llegar a la vía penal, para dirimir la propiedad de esos casi 51.000 metros de suelo se han celebrado tres juicios: uno por la vía contencioso-administrativa y dos más por la civil. "En el apartado de hechos probados, las sentencias dicen que los terrenos pertenecían a estos tres vecinos y que antes de denunciar comunicaron al Ayuntamiento de forma amigable su ocupación. ¿Y aún así no hicieron nada?", preguntó la fiscal.

Pinilla le recordó entonces que en la casa consistorial trabajaban más de 200 personas. "Si a alguien le llegó esa comunicación y no nos dio traslado... ¿Cómo quiere que yo lo sepa?", señaló. "Yo era la alcaldesa y estaba en el despacho. No iba a ver dónde ponían las estacas para medir el suelo", añadió después la exregidora cuando la acusación particular quiso saber si había estado en la medición consensuada que se hizo en el terreno con ayuda de un topógrafo.

Sobre si se le comunicó o no a Pinilla la primera denuncia de los dueños del suelo, el entonces secretario municipal, Luis Ruiz, fue claro: "La alcaldesa tuvo conocimiento expreso del escrito que presentaron", declaró en calidad de testigo. La vista continuará la próxima semana, para la que están previstas dos sesiones.