La exalcaldesa de La Muela María Victoria Pinilla volverá hoy al banquillo de los acusados. Y no por la repetición del juicio en el que fue condenada a 17 años de prisión (que comenzará el día 30 de noviembre y se prolongará hasta febrero de 2019), sino por otra causa judicial que arrastra de su etapa como regidora. Lo que se dirime en este juicio es si el Ayuntamiento de La Muela se apropió o no de una parcela de casi 50.000 metros cuadrados cuando urbanizó unos suelos ubicados en las afueras.

La Fiscalía y los tres propietarios del terreno entienden que así fue y mantienen, además, que la exregidora era perfectamente consciente de la ilegalidad que se estaba cometiendo. Por ello, la primera pide una condena de 9 años de inhabilitación y una multa de 6.480 euros. La acusación particular, a cargo del letrado Luis Martín, propone que la inhabilitación sea de 9 años, pero eleva la cuantía de la multa a 25.920 euros.

Pero no será María Victoria Pinilla la única que responda por estos delitos, ya que también están personados en la causa como responsables civiles subsidiarios el Ayuntamiento de La Muela y la junta de compensación del Sector I del PGOU, en la zona norte del Alto de La Muela. En caso de condena, las consecuencias para las ya de por sí maltrechas arcas municipales serían enormes, ya que los querellantes han aportado una pericial en la que cifran en 6.533.011 euros el valor del suelo que les arrebataron.

La Fiscalía reclama una cantidad bastante inferior: 335.000 euros, ya que ese es el precio que puso al suelo usurpado el perito de la DGA designado por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Almunia, encargado de las pesquisas. ¿Por qué es tan importante la diferencia entre ambas tasaciones? Primero, porque el perito judicial no tiene en cuenta toda la superficie que reclaman los denunciantes y segundo porque este califica el suelo de rústico. Para el letrado Luis Martín, el cálculo del funcionario de la DGA parte por tanto de una premisa"errónea", puesto que, alega,"toda la parcela en disputa está en la actualidad urbanizada".

El caso se arrastra desde 2004

El Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza enjuiciará el caso entre hoy y la semana que viene –están previstas dos sesiones los días 27 y 29 de noviembre–, pero la disputa judicial entre los dueños de la parcela y el consistorio se remonta a 2004, cuando las máquinas entraron sin permiso en la finca. Como los perjudicados no consiguieron todo lo que pretendían por las vías contencioso-administrativa y civil, terminaron llevando el asunto a la vía penal en 2012. Por ello, tampoco se descarta que la defensa de María Victoria Pinilla, de la que se encarga el letrado Santiago Palazón, alegue hoy la supuesta prescripción del caso en las cuestiones previas.

La Fiscalía no tiene ninguna duda de que la exregidora cometió los dos delitos que le atribuye, ya que, como indica en su escrito de calificación,"a sabiendas de la injusticia, por haber tenido pleno, claro y documentado conocimiento de la indebida apropiación (de la fincas)" ordenó que se ejecutaran las obras de urbanización del suelo incluyendo la parcela de los querellantes.

Aunque en un principio se incluyó en la denuncia al presidente de la junta de compensación del Sector I (zona norte del Alto de La Muela), la jueza instructora no apreció indicios de delito sobre él y no se sentará en el banquillo de los acusados. En cualquier caso, la junta sí comparece en calidad de responsable civil subsidiaria.