La oposición en bloque ha vuelto a instar al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, a rectificar sobre la composición de las sociedades municipales después de que el Consejo de Estado apreciara inconstitucionalidad en la Ley de Capitalidad, y este ha pedido a Lambán que defienda la norma ante Madrid.

Según la prensa local, el Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que considera que el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, en el que ZeC se ha basado para tener mayoría en las sociedades, es inconstitucional, lo que ha provocado la reacción de todos los grupos municipales.

El dictamen no es vinculante y es el Gobierno de España el que ahora debe decidir si interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) y si pide la suspensión de la norma hasta que haya una resolución.

PP, PSOE, Cs y CHA han coincidido en reclamar una rectificación a Santisteve, que incluya una vuelta a la situación previa al 9 de febrero, cuando se consumó lo que denominan como "golpe" de las sociedades, si bien populares y la formación naranja también apelan a los gobiernos socialistas central y aragonés.

El alcalde, por su parte, ha asegurado que no teme por la constitucionalidad de la norma, ya que ningún partido planteó esta cuestión ni en la fase de redacción ni durante su aprobación y ha dejado entrever que "igual" es porque se elaboró pensando que esta ley la aplicarían "otros" y no ZeC.

A su juicio, es el presidente autonómico, Javier Lambán, quien debe "cumplir lo prometido" y defender la legalidad de la norma en el marco de la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

La Ley de Capitalidad ha servido para solucionar problemas en las sociedades municipales o para terminar con el "bloqueo" a que pudiera nombrar a una persona de confianza al frente de Ecociudad, además de dotar de transparencia a la gestión del Ayuntamiento y que la ciudadanía conozca lo que hacen estos entes autónomos.

El portavoz popular, Jorge Azcón, ha considerado que el dictamen del Consejo de Estado deja en "mala situación" a Santisteve, pero también a Lambán y a Pedro Sánchez.

Por ello, ha anunciado que presentará una moción al próximo Pleno dirigida a estos tres actores, en la que pedirá al alcalde que rectifique; a Lambán, "coherencia" y que modifique la ley antes de que llegue al TC; y a Sánchez, que recurra y reclame la suspensión de dicho artículo, lo que devolvería la "normalidad democrática" al Consistorio.

"Llega la hora de la coherencia del PSOE", ha insistido, y ha advertido de que si el Gobierno central no recurre al TC será un "escándalo" y se convertiría en "cómplice del golpe a la democracia de Santisteve".

Por su parte, el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, ha instado al regidor zaragozano a reconocer que ha hecho una utilización "perversa" de una "buena norma" para la ciudad y dé una solución política al conflicto.

A su juicio, si se hace un análisis correcto y se restituye la proporcionalidad y la democracia en el Consistorio, "la normalidad democrática habrá vuelto", más allá de que se discuta jurídicamente el asunto o se pronuncie el Tribunal Constitucional si el Gobierno central recurre la ley.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Sara Fernández, ha apuntado que el organismo consultivo ha puesto la pelota en el tejado tanto del PSOE como de ZeC y ha emplazado a Pedro Santisteve y a Pedro Sánchez a decidir entre la defensa de la democracia o "sus sillones".

En este sentido, ha informado de que el diputado de Ciudadanos en el Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, registrará una pregunta al efecto, aunque ha confiado en que el Consejo de Ministros escuche al órgano consultivo y acuda al TC.

La concejala de CHA Leticia Crespo ha subrayado que "no es tarde" para que el Gobierno de la ciudad rectifique y ha pedido que lo haga antes de que se interponga un recurso al TC para "no hacer el ridículo".

Crespo ha subrayado que lo que está "claro" es que la decisión del 9 de febrero en torno a las sociedades no fue "democrática", porque no respeta la representación otorgada por la ciudadanía; no fue leal, porque quebró un acuerdo entre los portavoces; y no fue legal, como apunta ahora un dictamen del Consejo de Estado que es "contundente".