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Aragón

El Consejo de Estado dictamina que la ley de capitalidad de Zaragoza es inconstitucional

El informe dice que hay fundamentos para que el Gobierno central recurra ante el TC el artículo 14.

Javier Lambán y Pedro Santisteve.
Javier Lambán y Pedro Santisteve.
José Miguel Marco

El artículo 14 de la ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón que pactaron el Ejecutivo PSOE-CHA con el Ayuntamiento y con Podemos, ZEC e IU, en contra del criterio de la oposición, es inconstitucional a juicio del Consejo de Estado. El principal órgano consultivo de España ha emitido un dictamen que, aunque no sea vinculante, implica que el Gobierno de Pedro Sánchez debería recurrir la citada ley ante el Tribunal Constitucional y pedir la suspensión cautelar de la misma, "porque hay fundamentos jurídicos para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14. 1u, de la ley 10/2017 de 30 noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón".

El informe fue solicitado por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el desacuerdo en la comisión bilateral Aragón-Estado. Ahora está en manos de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que deberá comunicarlo a la DGA para que lo rectifique o presentar el recurso ante el Constitucional. El dictamen tiene una gran relevancia política en Aragón. El polémico artículo fue usado por el alcalde Pedro Santisteve y por el gobierno de ZEC para quitar a la oposición el control democrático de las sociedades y entidades públicas municipales.

El golpe abrió una dura y tensa confrontación de ZEC con PP, PSOE, C’s y CHA que todavía continúa y que ha provocado cruces de acusaciones y de denuncias en los tribunales. El dictamen del Consejo de Estado deja también en entredicho al propio Gobierno de Aragón que pactó el contenido de la ley con el equipo de ZEC y lo negoció en las Cortes con PSOE, Podemos, CHA e IU, pese a tener serias dudas sobre la constitucionalidad del polémico artículo, entre otros.

Es más, nada más aprobarse la ley y entrar en vigor, Santisteve ya la aplicó para echar a la oposición de las sociedades y para que el minoritario gobierno de ZEC asumiera funciones propias del Pleno del Ayuntamiento, lo que "incumple un principio constitucional proclamado como valor superior del ordenamiento jurídico".

El dictamen, que cita doctrina del Alto Tribunal y pone de ejemplo los casos de La Rioja, Cataluña o Andalucía, expone que "no corresponde a la ley autonómica sustraer cualquier facultad de decisión del Pleno municipal en lo concerniente a la composición de la Junta General y a la formación de la voluntad en el seno de la sociedad mercantil local, y aún menos eliminar cualquier posibilidad de que sea el Pleno el órgano que actúe en la condición de socio, de manera que el Ayuntamiento quede necesariamente compelido a articular tal actuación a través del órgano de gobierno de la Corporación, en este caso, el gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza".

El informe del Consejo de Estado es también contundente al considerar que la necesidad de impugnar el citado artículo "radica en la conculcación de lo establecido en las normas que integran el marco general de la Constitución y en la legislación básica del Estado en materia de régimen local y de formación de la voluntad de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles locales unipersonales". Y añade que la eventual inconstitucionalidad de la ley de capitalidad "no se deduce, al menos no solo" por romper el principio representantivo de mayorías y minorías, también porque atribuye al gobierno local las funciones y competencias del Pleno de la Coporación, que es el que debe actuar como Junta General en las sociedades públicas.

El alcalde Santisteve y ZEC actuaron en contra del criterio del Pleno del Ayuntamiento y en contra de la mayoría municipal, porque ZEC tiene solo 9 concejales, frente a 10 del PP, 6 del PSOE, 4 de C’s y 2 de CHA.

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