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Siete casos penales han sido archivados o sus protagonistas absueltos

Un jurado popular exoneró a los acusados en la causa conocida como Kartódromo y en el caso Naves el Tribunal Supremo falló a favor de los inculpados.

Imagen del juicio por el caso Naves celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Imagen del juicio por el caso Naves celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Oliver Duch

La cascada de denuncias presentadas a instancia del anterior Gobierno de Aragón, presidido por Luisa Fernanda Rudi, el gerente del Plaza Jesús Andreu, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas? por la mala gestión y supuestos sobrecostes en obras la plataforma logística durante el mandato de Marcelino Iglesias no están teniendo el eco buscado en los tribunales.

Con la absolución de Agapito Iglesias en el caso Aulario, son ya siete los procesos penales que o bien se han archivado o bien sus protagonistas han sido exonerados al no haber encontrado los jueces pruebas suficientes y contundentes para condenarles. Las causas son las siguientes:

Caso Naves: la  Audiencia condenó por malversación de caudales públicos a cuatro años de cárcel al exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y al constructor Agapito Iglesias por haber consentido un pago no justificado de 8,7 millones de euros al empresario. La sentencia fue recurrida y el Tribunal Supremo tumbó el fallo y anuló las condenas al entender que el pago fue legítimo y los acusados no tuvieron ánimo de lucro. Esta sentencia llevó aparejado el archivo de otra causa por blanqueo de capitales abierta en otro juzgado para averiguar el destino de esos 8,7 millones.

Caso Kartódromo: un jurado popular sorprendió con un veredicto de no culpabilidad y Carlos Esco, Ricardo García Becerril y Santiago Becerril fueron absueltos, a pesar de que este último había confesado que pagó al exgerente una comisión 611.110 euros, correspondiente a casi el 10% de los 6,3 millones de euros que la sociedad pública le había pagado a él por sus terrenos (un precio superior supuestamente a lo que valían) para hacer unos accesos a Plaza.

Caso Caladero: Abierto a instancia del Tribunal de Cuentas, que no contó a tiempo con la documentación precisa que hubiese hecho innecesario abrir un procedimiento judicial. El mencionado tribunal hizo unos reparos a la adjudicación de unas obras en la nave de la empresa de pescado Caladero que se adjudicaron por 11,2 millones y que costaron 14,5. Ese desfase, sin contar con los datos reclamados por el órgano fiscalizador, aparentaba ser delictivo y fue denunciado por la Fiscalía. Pero cuando el Gobierno de Aragón se decidió a enviarlos y se pudieron analizar se llegó a la conclusión de que todo se había hecho bien, las obras se ajustaron a lo acordado, los precios fueron los de mercado y no se había producido un perjuicio patrimonial en los fondos públicos. La juez de Instrucción número 3 decretó su archivo en junio de 2014 al no apreciar menoscabo al erario.

Caso Apartadero:  Abierto también a petición del Tribunal de Cuentas. El juzgado número 12 intentó aclarar un desfase injustificado de 15.5 millones de euros en las obras del apartadero ferroviario. En el caso fueron imputados diez exconsejeros de administración y el exgerente Ricardo García Becerril. También se nombraba a tres políticos que integraban el mencionado consejo pero que cuando se instruía la causa eran aforados y no llegaron a ser citados. El motivo de la investigación era averiguar si estaba justificado que se hubiese acudido al llamado procedimiento negociado y sin publicidad para otorgar la obra. En el verano de 2014 el juzgado lo archivó al no encontrar indicios de delito.

Caso Cuadros: Abierto a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio (Apudepa ) en la Fiscalía Provincial. En él se investigaba la compra por 13,6 millones de euros de cinco óleos –dos de ellos atribuidos a Goya– por parte del Gobierno aragonés y la Fundación Plaza. Las gestiones policiales concluyeron que el precio pagado por las obras durante la etapa PSOE-PAR en el Pignatelli se ajustaban al precio de mercado y se descartó una posible malversación. Fue archivado en septiembre de 2015.

Demanda penal contra García Becerril por delito societario. El consejero de Obras Públicas en 2012, Rafael Fernández de Alarcón, denunció en 2102 al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril por administración desleal en la compra de dos edificios en la plataforma al grupo Codesport, propiedad del expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, entre 2006 y 2007. La DGA mantenía que se había pagado un sobreprecio de siete millones de euros, aunque luego duplicó la cifra en un informe pericial que intentó en vano incorporar a la causa. La juez de Instrucción 2 archivó el caso en 2012 y la Audiencia Provincial confirmó su decisión en 2013. El tribunal estimó que no había indicio alguno de criminalidad imputable al exgerente de Plaza en la adquisición de esos dos edificios.

La causa principal, pendiente de ser juzgada

Caso Plaza:  Este es el procedimiento más relevante relacionado con la urbanización de la plataforma pendiente de ser juzgado. En él se ha investigado el presunto saqueo de 157 millones y por el que la Fiscalía solicita penas que suman 195 años de cárcel para 25 acusados. Los fiscales anticorrupción de Madrid José Grinda y Juan José Rosa han sido los encargados de ejercer la acusación, junto a los letrados de la Comunidad Autónoma. Además de las personas físicas, plantean la condena de Acciona y una docena de sociedades como Mariano López Navarro, Intecsa-Inarsa, Pulsar, Actividades Margalejo, Margalejo Campo, Margalejo, Hernández Langa, Cantero Roca, Micar, Maguitel, Floría Diseño y Sanfian Sanedi. A las diez primeras les exige una responsabilidad de 150 millones.

Como principal responsable de la trama la acusación sitúa a su exgerente Ricardo García Becerril, al que acusa de hasta seis delitos y para el que pide penas que suman 37 años de cárcel. Para los abogados de la plataforma, otra pieza principal de este presunto entramado corrupto fue el ejecutivo de Acciona José María Jordán, al que atribuyen delitos de prevaricación, malversación y cohecho y para el que ahora proponen una condena de hasta 14 años de prisión. Pero también serán juzgados el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco, que se enfrenta a una petición de cárcel de cinco años, o el exdueño del Real Zaragoza y propietario de Codesport, Agapito Iglesias, para el que Plaza exige una condena de otro cinco años por un presunto delito continuado de cohecho.

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