Plaza exige que Acciona y 12 empresas más respondan de los 156 millones malversados

El juez instructor del caso Plaza, José Ignacio Martínez, cerró las diligencias de la presunta trama corrupta el pasado 30 de octubre, fecha en la que emplazó a la Fiscalía y al resto de acusaciones a presentar cargos contra la larga lista de encausados. Casi dos meses y medio después, la primera en entregarle su escrito de calificación ha sido la propia Plataforma Logística de Zaragoza, quien además de llevar al banquillo a 23 personas ha pedido que se condene como responsables civiles subsidiarias a Acciona y otras 12 sociedades. Y lo hace porque entiende que estas deben asumir –con distintos límites– el tremendo perjuicio económico que algunos de sus ejecutivos o empleados habrían causado a la sociedad pública. Daños que los abogados de la Plaza cifran finalmente en 156 millones de euros.

El plazo dado por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 a las acusaciones para presentar sus calificaciones expira hoy, por lo que no tardarán en conocerse también las penas y los delitos que imputan tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Gobierno aragonés. Respecto a la primera, sus representantes ya manifestaron en su día que consideraban responsables de esta millonaria malversación a varias constructoras. Sin embargo, el hecho de que las presuntas ilegalidades se cometieran con anterioridad al año 2010 limita la capacidad de maniobra del ministerio público a la hora de acusar. Porque a partir de ese año se pueden exigir responsabilidades penales a las personas jurídicas, pero por delitos anteriores a esa fecha solo cabe reclamarles el pago de las correspondientes indemnizaciones.

Por lo tanto, todo apunta a que tanto los fiscales José Grinda y Juan José Rosa –que han sido los encargados de llevar el caso Plaza– como los letrados de la Comunidad Autónoma plantearán también la condena de Acciona y otras empresas como responsables civiles subsidiarias. De momento, Plaza incluye en su lista, además de a la multinacional, a otra docena de sociedades: Mariano López Navarro, Intecsa-Inarsa, Pulsar, Actividades Margalejo, Margalejo Campo, Margalejo, Hernández Langa, Cantero Roca, Micar, Maguitel, Floría Diseño y Sanfian Sanedi. Sin embargo, diferencia el grado de responsabilidad de cada una, ya que las que deberían responder por el grueso de la indemnización –150 millones– serían únicamente las diez primeras.Becerril, a la cabeza

Las irregularidades y desmanes en la urbanización y puesta en marcha de la Plataforma Logística de Zaragoza, proyecto estrella del gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE), hicieron que las arcas públicas tuvieran que afrontar un sobrecoste millonario. Y semejante expolio al erario, mediante obras fantasma y certificaciones hinchadas, fue posible porque los responsables de adjudicar y ejecutar las obras concertaron presuntamente voluntades para repartirse las ilícitas ganancias. Para lograrlo, se valieron de un grupo de familiares, empresarios y amigos a los que implicaron en una de las mayores tramas de corrupción urbanística –junto a la de La Muela, que ahora se juzga– que se han destapado hasta la fecha en Aragón.

Como principal responsable de la trama de Plaza la sociedad pública sitúa a su exgerente Ricardo García Becerril, al que acusa de hasta seis delitos y para el que pide penas que suman 37 años de cárcel (casualmente, los mismos a los que se enfrenta la exalcaldesa de LaMuela, María Victoria Pinilla?). Para los abogados de la plataforma, otra pieza principal de este presunto entramado corrupto fue el ejecutivo de Acciona José María Jordán, al que atribuyen delitos de prevaricación, malversación y cohecho y para el que ahora proponen una condena de hasta 14 años de prisión.

Pero Plaza sentará en el banquillo a muchas otras personas, entre las que figuran nombres sobradamente conocidos. Entre otros, el del exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco (que se enfrenta a una petición de cárcel de cinco años por una supuesta malversación que se cifra en 4,5 millones de euros) o el del exdueño del Real Zaragoza y propietario de Codesport, Agapito Iglesias, para el que Plaza exige una condena de otro cinco años por un presunto delito continuado de cohecho.

En cuanto el resto de acusaciones presenten sus escritos de calificación, el magistrado dictará auto de apertura de juicio y luego calificarán las defensas.