La noticia se podía leer este lunes en todos los periódicos: Barcelona prohibirá la circulación de vehículos de más de 20 años de antigüedad de lunes a viernes en su casco urbano y en el de 40 municipios más de su zona de influencia a partir del 1 de enero de 2019. ¿El motivo? Reducir de forma drástica la contaminación ambiental que sufren los habitantes de la ciudad.

Hace meses que el Ayuntamiento de la capital catalana, liderado por Ada Colau, lleva dándole vueltas a esta idea, pero la polémica en torno a la medida ha ido retrasando la decisión final. El pasado lunes se acordó rematar este plan en una reunión a cinco bandas entre el Consistorio, la Generalitat, la Diputación de Barcelona, miembros del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y también representantes de los 40 municipios situados alrededor de la Ciudad Condal.

El compromiso adquirido de reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico antes de 15 años y un 10% en los próximos cinco pasaba inevitablemente por restricciones de circulación a los vehículos más antiguos. Los expertos calculan que tan solo uno de estos coches matriculados hace más de 20 años contamina lo mismo que 36 vehículos vendidos en 2016.

Y es que Barcelona, como otras zonas de España, ya ha recibido un tirón de orejas de Bruselas por la mala calidad de su aire. En los últimos años, el ambiente de Zaragoza no figura entre los peor valorados del país. No han sido pocos los expertos que han señalado al cierzo como el gran aliado de los vecinos de la ciudad en este sentido: el fuerte viento actúa como un gran ventilador que 'barre' las partículas en suspensión. No obstante, si los responsables municipales zaragozanos decidieran seguir la línea de restricciones iniciada en Barcelona, ¿cuántos coches estarían afectados?

De acuerdo con los datos estadísticos recogidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), que permiten hacerse una idea de cómo es el parque móvil de la ciudad, no serían pocos. Los últimos registros (los datos más actualizados datan del pasado mes de enero) indican que en Zaragoza hay unos 35.000 turismos matriculados en el 1997 y años anteriores. Una parte importante de estos vehículos, alrededor de 16.700, son modelos fabricados antes de 1990.

Estos vehículos de más de 20 años de antigüedad representan entre el 13 y el 14% del parque móvil de turismos total que tiene la capital aragonesa y que actualmente se sitúa en torno a los 250.000 coches. A estos turismos habría que sumarle en torno a 4.500 furgonetas que son anteriores de 1994, porque los vehículos de estas características también tendrán prohibido circular los días laborales por Barcelona.

En total, en Zaragoza hay cerca de 40.000 turismos y furgonetas muy antiguos y, por tanto, más contaminantes. En las otras capitales de provincia aragonesa, el número de vehículos antiguos no es tan elevado, pero tampoco se puede pasar por alto. En Huesca, alrededor de 3.600 turismos son anteriores a 1997 y hay en torno a 600 furgonetas matriculadas antes de 1994, según la DGT. En Teruel, el número de coches con estas características ascienden a unos 3.500: medio millar son furgonetas y, el resto, turismos.

Una medida que genera debate

La decisión tomada por las autoridades barcelonesas y catalanas genera tantos argumentos a favor como en contra. Hay quien la ve como una ventaja dado que bajará los niveles de contaminación y mejorará el ambiente de la gran ciudad. Otros, sin embargo, ven serios problemas para los propietarios de esos coches excluidos de la circulación. El argumento es sencillo: hay un gran número de personas que tienen un vehículo tan viejo porque no se pueden permitir cambiarlo. De momento, nada se ha concretado sobre ayudas económicas para cambiar los coches más contaminantes por otros más modernos y respetuosos.

En Zaragoza, el Gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZEC) nunca ha escondido que busca un modelo de ciudad más sostenible, aunque bien es cierto que nada se ha hablado de este tipo de restricciones. En los últimos años se han destinado más recursos a construir carriles bici para promocionar su uso. Se ha hecho por las propias convicciones del Gobierno liderado por el alcalde Pedro Santisteve y también por los datos recogidos en informes técnicos municipales, algo preocupantes para ZEC.

Uno de los últimos informes de movilidad emitidos por el Ayuntamiento, en septiembre de 2016, señalaba que el 53,5% de los zaragozanos acudían al trabajo en su vehículo particular, lo que implican más de 140.000 desplazamientos al día concentrados en tan solo cuatro horas: de 8.00 a 10.00 y de 19.00 a 21.00. Según los técnicos de Movilidad, esta cifra era inasumible por la ciudad y los hábitos deberían de cambiar.

Así, en los últimos años se ha invertido en mejorar las infraestructuras ciclistas de la ciudad. Hace tan solo unos días que se han licitado dos contratos para la redacción de proyectos de carriles bici en los barrios de La Almozara (en las avenidas de Pablo Gargallo y de Puerta Sancho, por ejemplo), San José (en camino del Puente Virrey y avenida de Tenor Fleta, entre otras vías), Miralbueno (camino del Pilón), Actur (avenida de Pablo Ruiz Picasso), Delicias (avenida de la Duquesa Villahermosa, entre otras) y zona centro (avenida de Cesáreo Alierta).

En los documentos que acompañan a estas licitaciones se afirma que "el Ayuntamiento de Zaragoza está llevando a cabo una apuesta decidida por modificar el tipo de ciudad hacia el que se ha tendido en las últimas décadas, e ir hacia un modelo más amable, sostenible y seguro". Y añade: "Se está trabajando para conseguir una movilidad urbana que deje de centrarse en el uso del vehículo privado motorizado y se base en un modelo más sostenible, mediante el fomento del transporte público, con su fuerte apuesta por el tranvía, y medios no contaminantes como la bicicleta, sin olvidar los desplazamientos a pie".

Así pues, la dirección que ha decidido adquirir el Consistorio barcelonés, aunque mucho más restrictiva que otras ciudades, no es exclusiva y parece una constante común en las grandes ciudades españolas. Madrid se encuentra en la misma línea: hace tiempo que impone mayores limitaciones de velocidad en la M-30 en episodios de contaminación intensa. Hace unos semanas, el Consistorio dirigido por Manuela Carmena probó a restringir la circulación de vehículos según su matrícula en el interior de la ciudad, pero la medida acabó fracasando. Un traspiés que de momento no ha influido para nada en los planes de peatonalización de la Gran Vía, la gran arteria de la ciudad, de la que Carmena prevé echar a los vehículos en tres años.

Políticas todas en pro del medio ambiente y la calidad del aire que respiran los habitantes de estas ciudades en las que, parece, que los vehículos van teniendo cada vez menor encaje.