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Zaragoza

Cubero dice que llevar a los tribunales el rescate del 010 es algo “político” y “no técnico”

El concejal de Servicios Públicos supedita la entrega del expediente a la CEOE para un posible recurso a las alegaciones que presenten las trabajadoras o la empresa.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, en una foto de archivo.
El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, en su comparecencia ante los medios, este martes.
Oliver Duch

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, ha apuntado este martes que la presentación de un recurso judicial sobre el rescate del servicio de atención telefónica 010 sería una decisión “política”, no basada en criterios “técnicos”. El edil de ZEC ha anunciado que entregará el expediente de la municipalización de este servicio a la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE), que está estudiando llevar el tema a los tribunales, pero lo ha supeditado a las alegaciones que puedan presentar las partes implicadas.

“Vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la ordenanza de transparencia”, ha dicho Cubero, quien ha informado de que el Ayuntamiento tiene “20 días para entregar el expediente del rescate a la CEOE”, pero también que “es obligatorio dar parte antes a las trabajadoras y a Pyrenalia”.

Según el edil de ZEC, las partes tienen 15 días para presentar sus alegaciones, que podrían basarse en cuestiones relacionadas con la privacidad, y después empezarían a contar los 20 días de plazo para entregar el expediente. Por ello, considera que los empresarios no recibirán el expediente antes del 1 de marzo, que es cuando las trabajadoras empezarán a trabajar directamente para el Ayuntamiento.

Además, el responsable de Servicios Públicos ha señalado que, si procede, cobrará a los empresarios “la tasa de las copias de los expedientes”. “No se van a ahorrar ni un solo céntimo”, ha advertido. Por último, Cubero ha valorado que que el hecho de que la CEOE se preocupe por la remunicipalización de un servicio del tamaño del 010 “demuestra que confronta con los intereses de empresarios de enriquecerse con los servicios públicos”.

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